Enrique Lavié Pico, juez federal, rechazó la medida cautelar de la CGT contra la reforma laboral. La resolución judicial permite trasladar el fuero nacional a la Ciudad, pese a las advertencias gremiales sobre un posible colapso administrativo.
Enrique Lavié Pico, juez federal, rechazó la medida cautelar de la CGT contra la reforma laboral. La resolución judicial permite trasladar el fuero nacional a la Ciudad, pese a las advertencias gremiales sobre un posible colapso administrativo.
El Juzgado Contencioso Administrativo Federal 7 rechazó este miércoles la medida cautelar presentada por la Confederación General del Trabajo (CGT). La resolución judicial permite que continúe la aplicación de los artículos 90 y 91 de la Ley 27.802, los cuales disponen la transferencia de la Justicia Nacional del Trabajo al ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).
Enrique Lavié Pico, juez en lo Contencioso Administrativo Federal, argumentó en su fallo que no se acreditó un “perjuicio irreparable” que justificara la suspensión inmediata de la norma. Según el magistrado, dictar una cautelar en este estado del proceso alteraría el orden jurídico vigente y significaría adelantar un pronunciamiento sobre el fondo del litigio.
La presentación de la central obrera cuestionó la constitucionalidad del traspaso de competencias. Los abogados de la organización sostuvieron que el Congreso de la Nación carecía de competencia temporal para tratar la materia, ya que el tema no figuraba en el decreto original de convocatoria a sesiones extraordinarias firmado por el Poder Ejecutivo Nacional.
Paralelamente, la conducción gremial advirtió sobre el impacto operativo de la medida. El reclamo subrayó que el convenio de transferencia habilita el cierre de 30 juzgados laborales y de la Sala VII de la Cámara del Trabajo. Estos cambios, según la CGT, generarían un colapso en la tramitación de miles de causas judiciales pendientes.
El secretario general de la Unión de Empleados Judiciales de la Nación (UEJN), Julio Piumato, denunció que la iniciativa pone en riesgo el empleo de 1.600 personas. El dirigente afirmó que la comunidad jurídica se opone a la desaparición del fuero nacional y manifestó que el sistema resultante beneficiará principalmente a los sectores patronales bajo la órbita del gobierno porteño.
Por su parte, el Gobierno Nacional defendió la legalidad del acuerdo firmado el 9 de febrero entre el jefe de Gobierno, Jorge Macri, y la administración central. La transferencia de funciones busca saldar una deuda institucional originada en la reforma constitucional de 1994, que otorgó autonomía a la Capital Federal.
A pesar del revés judicial para la central obrera, el proceso principal seguirá su curso administrativo. Lavié Pico ordenó dar traslado al Estado Nacional para que, en un plazo de cinco días, presente el informe correspondiente bajo la Ley de Amparo. Esta tarea quedará bajo la órbita del nuevo procurador del Tesoro, Sebastián Amerio.
Mientras el expediente avanza en el fuero contencioso, diversos gremios planean nuevas presentaciones individuales en juzgados de primera instancia. Estas acciones buscarán atacar directamente el fondo de la reforma laboral, incluyendo cambios en las indemnizaciones y el régimen de vacaciones, aspectos que todavía no han recibido una sentencia definitiva.
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