Diputados aprobaron modificar el artículo 27 para permitir la prisión de por vida a homicidas, violadores y terroristas. La medida surge en medio de duras críticas del Ejecutivo hacia organismos internacionales que denuncian crímenes de lesa humanidad.
La Asamblea Legislativa de El Salvador, con una mayoría de 59 votos, aprobó este martes una reforma al inciso segundo del artículo 27 de la Constitución. Esta modificación elimina la prohibición histórica de las penas perpetuas en el país, limitando su aplicación exclusiva a quienes sean hallados culpables de homicidio, violación o terrorismo.
El Salvador mantenía hasta ahora un sistema penitenciario enfocado constitucionalmente en la educación y readaptación del delincuente. Aunque la jurisprudencia establecía un límite máximo de cumplimiento de 60 años, la Fiscalía General de la República informó en diciembre de 2025 sobre condenas que superaban los mil años para miembros de estructuras criminales. Con este cambio legal, el Estado formaliza la reclusión de por vida como herramienta penal.
El anuncio de la reforma ocurrió tras la difusión de un informe de expertos juristas internacionales que señala al Gobierno por presuntos crímenes de lesa humanidad.
Según el documento, se contabilizaron al menos 403 muertes en cárceles hasta agosto de 2025 y más de 89,000 detenciones arbitrarias bajo el régimen de excepción.
Gustavo Villatoro, ministro de Justicia y Seguridad, presentó la iniciativa ante el Parlamento y rechazó los señalamientos externos. El funcionario afirmó que las organizaciones de derechos humanos carecen de legitimidad soberana y defendió que las acciones del Estado son irreversibles en su búsqueda de paz.
El presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, indicó que la propuesta se conoció de forma inmediata para su votación. El mandatario Nayib Bukele, por su parte, utilizó sus canales oficiales para cuestionar a quienes se oponen a la medida, sugiriendo que la falta de apoyo a la reforma equivale a defender la libertad de criminales peligrosos.
La reforma también incluyó un paquete de modificaciones a la Ley Penal y la Ley Penal Juvenil, cuyo contenido detallado aún no ha sido publicado íntegramente. Este vacío informativo impide conocer si la cadena perpetua será la sanción única para estos delitos o si dependerá de agravantes específicos determinados por los jueces.
¿Hacia dónde se encamina el modelo de justicia salvadoreño tras romper el principio de resocialización? El debate sobre si estas medidas garantizan la paz o si profundizan las grietas institucionales permanece abierto en la sociedad civil y la comunidad internacional.
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