El aluvión de pedidos bajo la Ley de Memoria Democrática colapsó la capacidad administrativa en Argentina. Las autoridades admiten que, al ritmo actual, se tardaría más de un siglo en resolver todos los expedientes pendientes.
El aluvión de pedidos bajo la Ley de Memoria Democrática colapsó la capacidad administrativa en Argentina. Las autoridades admiten que, al ritmo actual, se tardaría más de un siglo en resolver todos los expedientes pendientes.
Tras la prórroga de la Ley de Memoria Democrática, la oficina acumuló más de 645.000 solicitudes, lo que representa el 42% de la demanda global. El volumen físico de los trámites es gráfico: los expedientes ya suman 56 toneladas de papel.
Ante este escenario, el Ministerio de Asuntos Exteriores decidió tercerizar la carga de datos en el registro civil electrónico para intentar destrabar la fase inicial de los trámites. Según las proyecciones basadas en leyes anteriores, al ritmo de procesamiento tradicional se necesitarían 104 años para evacuar el caudal de pedidos actuales.
| Radiografía del Colapso | Datos en Argentina |
| Solicitudes totales | 645.000 |
| Ciudadanías otorgadas | 174.277 |
| Nuevos pedidos (2do semestre 2025) | 298.701 |
| Peso de expedientes | 56 toneladas de papel |
Las autoridades consulares reconocieron que sus sistemas informáticos no permiten procesar la información a la velocidad requerida. “Los sistemas no permiten gestionar el elevado número de trámites digitales”, admitieron fuentes oficiales. Para mitigar esto, se están ampliando las líneas de conectividad y reforzando la infraestructura desde Madrid.
El criterio de resolución seguirá siendo estrictamente cronológico e individual. Esto implica que no se procesan grupos familiares en conjunto, sino que cada expediente avanza según su fecha de presentación, lo que explica la disparidad de tiempos entre parientes.
La actual Ley de Memoria Democrática amplió el espectro de beneficiarios al eliminar la obligatoriedad de acreditar el exilio en ciertos casos. Los perfiles habilitados incluyen:
Hijos o nietos de exiliados por razones políticas, ideológicas o de orientación sexual.
Hijos mayores de edad de quienes optaron por la nacionalidad en leyes anteriores.
Personas bajo patria potestad de un ciudadano español.
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