El Gobierno prepara un decreto para reducir gradualmente las retenciones a la exportación de autos hasta eliminarlas en 2026. La medida busca recuperar la competitividad del sector, aunque su implementación final depende de la evolución de la recaudación tributaria de marzo.
El Ministerio de Economía ha finalizado la redacción de un decreto que busca revitalizar las exportaciones de vehículos mediante una poda sistemática de los derechos de exportación. Esta iniciativa, ya comunicada a las terminales agrupadas en Adefa, propone un sendero de reducción que llevaría la alícuota actual del 4,5% a un valor nulo para el cierre de 2026. El propósito central es devolver competitividad a las fábricas locales en un mercado regional cada vez más agresivo, permitiendo que los productos argentinos lleguen a las góndolas internacionales con una menor carga fiscal.
A pesar de que el diseño técnico está concluido, la puesta en marcha de esta medida permanece en suspenso y supeditada al desempeño de las arcas públicas. El Gobierno vigila con cautela las planillas de ingresos de marzo, dado que la recaudación viene experimentando retrocesos en términos reales durante el último semestre. La erosión de los ingresos fiscales, profundizada por la baja de otros gravámenes y la ralentización de la actividad económica, podría obligar al Ejecutivo a postergar la firma del documento si los números de ARCA no muestran una estabilización que permita absorber el costo fiscal de este beneficio para la industria.
La urgencia del sector se apoya en estadísticas que muestran una contracción significativa: la fabricación de unidades cayó un 30% interanual en el primer bimestre, mientras que los envíos al exterior retrocedieron más de un 23% en el mismo período. Desde las automotrices estiman que la eliminación de este impuesto permitiría colocar entre 20.000 y 25.000 vehículos adicionales fuera del país, compensando la menor demanda de socios estratégicos como Brasil. Según el nuevo esquema, se mantendrían los reembolsos por exportación para evitar que el país continúe enviando carga impositiva en sus productos manufacturados, buscando así un punto de equilibrio hacia el año 2027.
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