Estudiantes de diversas universidades nacionales ingresaron este miércoles a la Secretaría de Educación para exigir fondos presupuestarios, luego de que un fallo judicial anulara el decreto que paralizó la ley de financiamiento.
Estudiantes de diversas universidades nacionales ingresaron este miércoles a la Secretaría de Educación para exigir fondos presupuestarios, luego de que un fallo judicial anulara el decreto que paralizó la ley de financiamiento.
Integrantes de distintas agrupaciones universitarias ingresaron este miércoles a la sede de la Secretaría de Educación de la Nación, ubicada en la calle Pizzurno al 900, donde realizaron una sentada. La protesta comenzó en el exterior del establecimiento y se trasladó al hall central tras forcejeos con personal de la Policía Federal y guardias del lugar.
La medida reunió a representantes de la Universidad de Buenos Aires, la Universidad Nacional de La Plata, la Universidad Nacional de las Artes, la Universidad Nacional de Quilmes y la Universidad Nacional de San Martín. La exigencia principal se centró en la ejecución de la normativa presupuestaria y la recomposición de los salarios docentes.
Junto con el presupuesto general, las agrupaciones demandaron un incremento en los montos de las Becas Progresar, la implementación efectiva del boleto educativo y el refuerzo de partidas destinadas a comedores y residencias estudiantiles.
En el interior de la dependencia gubernamental, la tensión entre los manifestantes y las fuerzas de seguridad marcó el inicio del reclamo. “Somos estudiantes. Vamos a hacer una sentada pacífica. Queremos tener una reunión”, gritaron los jóvenes en el hall mientras aplaudían con carteles en mano.
“Nos cansamos de mendigar lo que nos corresponde. Ya marchamos, ya hicimos clases públicas, cortamos las calles, presentamos petitorios, el Congreso ya se posicionó y la Justicia ya sentenció. Se nos acabó la paciencia”, afirmó la presidenta del Centro de Estudiantes de Filosofía y Letras de la UBA, Valentina Bär Larralde.
La protesta se concretó un día después de la resolución del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11, a cargo del juez Martín Cormick, que declaró inconstitucional un tramo del decreto 759/2025. A través de esa norma, el Poder Ejecutivo había frenado la aplicación de la ley ratificada por el Poder Legislativo.
El Ejecutivo sostuvo la postura de que el Congreso fijó pautas salariales y de gastos sin consignar la fuente de financiamiento específica, lo que contraviene la Ley de Administración Financiera. No obstante, el fallo judicial calificó esa interpretación como un mecanismo no previsto en la Constitución Nacional e intimó a transferir los fondos correspondientes.
Frente a este escenario, la referente estudiantil de la UBA, Isabel González Puente, fundamentó la permanencia en el edificio: “Venimos a exigir que el secretario de Educación, Carlos Torrendell, dé una respuesta, reciba a los estudiantes y diga cómo y cuándo va a cumplir con el aumento de las Becas Progresar y la Ley de Financiamiento Universitario“.
La consejera superior de la UNA, Malena Ghio, reafirmó la postura del colectivo antes de definir los pasos a seguir: “Es una sentada pacífica. La Policía está presente, pero no avanzó. Acá nos vamos a quedar”.
Esta acción directa se desarrolló a una semana de la Quinta Marcha Federal Universitaria, convocada para el próximo 15 de octubre. La movilización confluirá con otros reclamos del sector social dirigidos al Congreso y al Palacio de Tribunales.
La resolución del conflicto universitario queda supeditada a las decisiones que adopte el Poder Ejecutivo frente al mandato judicial y a la apertura de canales formales de negociación con los representantes de la comunidad académica.
¿Logrará la presión conjunta del reclamo estudiantil y el mandato judicial destrabar las partidas presupuestarias antes de la movilización federal del 15 de octubre?
Estudiantes de diversas universidades nacionales ingresaron este miércoles a la Secretaría de Educación para exigir fondos presupuestarios, luego de que un fallo judicial anulara el decreto que paralizó la ley de financiamiento.
Luego de dos ruedas favorables por el escenario regional, el riesgo país escaló este miércoles a 586 puntos y el dólar minorista avanzó a $1.545, impulsados por el alza de tasas en Estados Unidos.
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