El oficialismo y la oposición dialoguista definirán mediante una reunión virtual la agenda del Senado. El debate se centrará en el proyecto para blindar la propiedad privada y en las reformas al Código Penal, bajo la cautela de sectores aliados.
El oficialismo y la oposición dialoguista definirán mediante una reunión virtual la agenda del Senado. El debate se centrará en el proyecto para blindar la propiedad privada y en las reformas al Código Penal, bajo la cautela de sectores aliados.
La Libertad Avanza mantendrá esta tarde un encuentro por vía remota con los sectores de la oposición colaborativa para establecer las prioridades parlamentarias de las próximas semanas. La reunión, pautada para las 17 horas, tiene como eje central el análisis de la ambiciosa reforma sobre la propiedad privada enviada recientemente por el Poder Ejecutivo. Sin embargo, el clima previo está marcado por la cautela de algunos senadores aliados, quienes aguardan precisiones sobre los cambios que el Ministerio de Justicia planea introducir en el Código Penal, especialmente en lo referido a delitos contra la administración pública y corrupción.
La inquietud de los bloques dialoguistas radica en la posibilidad de que la redacción final de las reformas penales incluya una morigeración de penas para ciertos delitos de “guante blanco”, un punto que podría dinamitar los consensos en la Cámara Alta. El ministro Juan Bautista Mahiques adelantó que, mientras se redacta un nuevo cuerpo normativo integral, se trabajará en el endurecimiento de sanciones para figuras como las estafas piramidales, delitos migratorios y el grooming, además de agravar las penas por incumplimiento de deberes alimentarios y abusos infantiles.
El texto que ya ingresó al Senado propone una reconfiguración profunda del derecho de propiedad en Argentina. La iniciativa gubernamental busca modificar leyes emblemáticas, como la de expropiaciones y la de tierras rurales, bajo el argumento de que la protección del patrimonio no es solo un derecho individual, sino un pilar para la inversión económica y la previsibilidad jurídica. El proyecto hace especial hincapié en el fracaso del Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP), señalando que tras siete años de vigencia, la regularización dominial es casi inexistente, lo que abre un frente de debate con los movimientos sociales y sectores que impulsaron esa norma durante el macrismo.
Otro de los puntos de fricción técnica será la reforma de la Ley de Manejo del Fuego. El Ejecutivo propone eliminar las restricciones temporales de 30 y 60 años que impedían el cambio de uso del suelo tras un incendio, una medida que fue insignia del kirchnerismo. En su lugar, el nuevo articulado plantea prohibiciones específicas sobre superficies de bosques nativos, pero retira los plazos fijos de inhabilitación comercial. Esta tarde, los representantes de la oposición evaluarán si estas modificaciones garantizan el cuidado ambiental o si, por el contrario, abren la puerta a la especulación inmobiliaria en zonas siniestradas.
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