La muerte del anestesista Alejandro Zalazar expuso una red de sustracción de fármacos críticos para uso recreativo. La Justicia investiga a un médico de planta y a una residente por administración fraudulenta de sustancias de uso exclusivo hospitalario.
El hallazgo del cuerpo de Alejandro Zalazar, un anestesiólogo de 31 años, en su departamento de Palermo, fue el punto de partida de un escándalo que sacude al sistema de salud. El joven fue encontrado con una vía conectada en su pie derecho y elementos descartables, sin signos de violencia externa.
Dato clave: El propofol es un anestésico de uso exclusivo hospitalario que no se comercializa en farmacias. Su administración fuera de un entorno controlado provoca depresión respiratoria severa y muerte en pocos minutos.
A raíz de este hecho, se inició el expediente N° 8922/2026 que investiga el robo de medicamentos dentro del Hospital Italiano. La trazabilidad de los fármacos hallados en el domicilio de Zalazar confirmó que pertenecían al circuito interno de dicha institución, lo que disparó denuncias administrativas y penales.
La investigación judicial, radicada en el Juzgado Nacional en lo Criminal N° 29, apunta a prácticas irregulares con anestésicos fuera de todo control médico. Según las denuncias, las sustancias eran utilizadas en reuniones privadas con fines recreativos y bajo un esquema de “autosuministro”.
Las presentaciones judiciales advierten que este consumo se realizaba “sin indicación clínica y en ámbitos ajenos a cualquier práctica asistencial”. El foco está puesto en cómo medicamentos de estricta trazabilidad salieron del hospital sin ser detectados por los controles de inventario.
La causa menciona una “asimetría jerárquica” dentro del hospital, sugiriendo que la relación entre médicos de planta y residentes facilitó el acceso a las drogas. Se investiga si existió una presión o complicidad sistemática para evadir los protocolos de seguridad de la farmacia hospitalaria.
Actualmente, la pesquisa se centra en dos profesionales vinculados al servicio de Anestesia: Hernán Boveri, médico de planta, y Delfina Lanusse, residente de tercer año. Ambos enfrentan cargos por administración fraudulenta y hurto, con penas que podrían alcanzar los seis años de prisión.
La Justicia ya ordenó tres allanamientos con resultados positivos y dispuso la prohibición de salida del país para los imputados. Aunque Lanusse intentó presentarse como víctima en su declaración indagatoria, los investigadores buscan reconstruir el circuito de distribución que operó desde 2023.
Fuentes judiciales aclararon que, por el momento, no se acreditó la realización de “fiestas sexuales”, pero sí reuniones en domicilios particulares donde se intercambiaban estas sustancias. Mientras tanto, la muerte de Zalazar sigue caratulada como “muerte dudosa” a la espera de pericias toxicológicas finales.
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