El fiscal Gerardo Pollicita solicitó informes migratorios del jefe de Gabinete y su entorno. Se busca reconstruir vuelos privados y posibles financiamientos irregulares vinculados a la Televisión Pública.
El fiscal Gerardo Pollicita solicitó informes migratorios del jefe de Gabinete y su entorno. Se busca reconstruir vuelos privados y posibles financiamientos irregulares vinculados a la Televisión Pública.
El fiscal federal Gerardo Pollicita ha puesto en marcha una serie de medidas para determinar si el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, realizó viajes no declarados o financiados de forma irregular a la isla de Aruba entre finales de 2024 y principios de 2025.
La investigación, que ya descansa en el despacho del juez federal Ariel Lijo, busca “reconstruir los movimientos migratorios” de Adorni con un nivel de detalle minucioso.
Para ello, Pollicita elevó un dictamen para “requerir nuevas medidas”, que incluyen un pedido formal a la Dirección Nacional de Migraciones para que remita cada registro de entrada y salida del país desde el 1 de enero de 2023 hasta la actualidad.
Aunque el rastreo es amplio, los investigadores han marcado con rojo una ventana temporal específica: “las fechas claves son entre el 12 y el 17 de febrero de 2026”. El pedido de información no se limita al jefe de Gabinete; también alcanza a su esposa, Bettina Julieta Angeletti, y al periodista Marcelo Grandío.
Uno de los puntos que más intriga a la fiscalía es la falta de registros claros sobre el destino caribeño. Según Noticias Argentinas, al momento Migraciones “solamente brindó el dato de la existencia de un viaje a Perú y uno de vuelta desde Ecuador, pero no registran hacia Aruba”. A esto se suma un dato logístico no menor: en aquel entonces no existían vuelos directos de la aerolínea de bandera hacia dicha isla.
La causa madre, sin embargo, se originó con un viaje a Punta del Este realizado en febrero pasado, durante el fin de semana de carnaval.
En ese caso, se trató de un vuelo privado cuya factura, con fecha del 4 de marzo, habría sido “pagada por Grandío o por una productora emparentada con la Televisión Pública”, un nexo que la Justicia intenta desentrañar para verificar si existió un uso indebido de recursos públicos o dádivas.
Mientras la investigación judicial avanza con pedidos a la empresa dueña del avión involucrado y la intervención de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), Adorni deberá enfrentar el escenario político.
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