La Ciudad inicia un proceso de transición de un año para transformar los planes sociales en programas de capacitación obligatoria y vinculación con el sector privado.
La Ciudad inicia un proceso de transición de un año para transformar los planes sociales en programas de capacitación obligatoria y vinculación con el sector privado.
El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ha puesto en marcha una reforma estructural en su política de asistencia social, marcando el fin de los esquemas tradicionales de transferencia de ingresos mediadas por organizaciones. Bajo la consigna de un “cambio de paradigma”, la administración de Jorge Macri busca desactivar la estructura de intermediación para implementar un sistema de ayuda directa que tiene como eje central la capacitación laboral y la inserción en el mercado de trabajo formal.
La medida, que alcanza inicialmente a unas 5.000 personas, establece un plazo máximo de un año para que los beneficiarios transiten desde el subsidio hacia un empleo genuino. El nuevo esquema elimina los convenios con las 85 organizaciones sociales que anteriormente administraban los recursos —un gasto estimado en 10 mil millones de pesos anuales— para pasar a una gestión centralizada desde el Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat.
El fundamento técnico de esta decisión reside en una serie de auditorías realizadas en los últimos meses. Según datos oficiales, el proceso de revisión permitió detectar e interrumpir el beneficio a 1.274 personas que presentaban irregularidades, incluyendo casos de beneficiarios fallecidos, titulares de bienes de alto valor o jubilaciones que superaban los topes permitidos. Asimismo, la fiscalización derivó en el cierre de 40 comedores comunitarios donde se detectaron raciones inexistentes o desvío de insumos.
Desde el Ejecutivo porteño, la narrativa se centra en la “recuperación de la libertad” de los ciudadanos, argumentando que la intermediación funcionaba como un mecanismo de presión política. El jefe de Gobierno ha sido enfático en sus redes sociales al señalar que la ayuda debe ser “directa y temporal”, condicionada estrictamente al cumplimiento de metas educativas y formativas. Para operativizar este control, la Ciudad ha comenzado a implementar herramientas digitales y el uso del DNI como único comprobante para el acceso a servicios sociales.
El pilar fundamental de esta iniciativa es el vínculo con el sector privado. El Gobierno porteño ha firmado convenios con nueve cámaras empresariales y compañías de rubros como hotelería, salud y mantenimiento —entre las que figuran marcas como Hilton, Farmacity y Limpiolux— para facilitar prácticas profesionales y posibles contrataciones. La formación será obligatoria y quienes no asistan a las instancias educativas o de capacitación perderán el beneficio de manera inmediata.
Sin embargo, el éxito de la medida no solo depende de la voluntad política o administrativa, sino de la capacidad real de absorción del mercado laboral en un contexto económico complejo. Si bien la escala de este programa es acotada en comparación con los padrones nacionales, representa un caso testigo sobre la viabilidad de los modelos de “egreso” de la asistencia social. Los beneficiarios contarán con el apoyo de universidades y centros de formación para mejorar su perfil profesional, pero el reloj de doce meses de transitoriedad impone una presión inédita sobre un sector de la población con alta vulnerabilidad.
El ministro de Desarrollo Humano, Gabriel Mraida, ha defendido la medida como una herramienta de “autonomía económica”, contrastándola con lo que denomina “veinte años de políticas asistencialistas”. No obstante, el impacto de la eliminación de la intermediación también redefine el mapa de diálogo con las organizaciones territoriales, que históricamente han cumplido funciones de contención en los barrios más postergados de la Capital.
Con el cierre definitivo del esquema actual previsto para 2027, la Ciudad de Buenos Aires se posiciona como el primer distrito en intentar una desarticulación total de la gestión compartida de la pobreza con movimientos sociales. La efectividad de este “paso del plan al trabajo” será evaluada no solo por la transparencia en los números, sino por la cantidad de personas que logren efectivamente integrarse a la economía formal al cumplirse el año de transición.
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