Basura, inseguridad y tensiones territoriales afectan al mayor pulmón verde del AMBA, mientras las autoridades buscan equilibrar la conservación con una compleja realidad social y administrativa.
Basura, inseguridad y tensiones territoriales afectan al mayor pulmón verde del AMBA, mientras las autoridades buscan equilibrar la conservación con una compleja realidad social y administrativa.
Con una extensión de 10.248 hectáreas, el Parque Pereyra Iraola se erige como el corredor verde más importante entre la Ciudad de Buenos Aires y el Gran La Plata. Declarado Reserva de Biosfera por la Unesco en 2007, este ecosistema no solo alberga una biodiversidad única —con casi 300 especies de aves y monumentos naturales como el Árbol de Cristal—, sino que también funciona como un laboratorio vivo para la investigación y la educación ambiental. Sin embargo, su propia magnitud y ubicación estratégica lo sitúan hoy en una encrucijada marcada por el deterioro y la falta de recursos.
Uno de los frentes más críticos es la gestión de residuos, especialmente en las zonas lindantes con Florencio Varela y Berazategui. La directora del parque, Marina de Sousa, advierte que la acumulación de basura es el motor principal de los incendios forestales: se estima que el 80% de los focos ígneos se originan por desechos o por prácticas rituales y asados mal apagados.
El problema trasciende las áreas de fácil acceso. Incluso en zonas remotas, a las que solo se llega a caballo, los guardaparques encuentran restos de campamentos y residuos domésticos que degradan el suelo. Ante esta situación, la administración evalúa implementar un esquema de multas, una herramienta hasta ahora ausente en la gestión del predio.
Para los usuarios frecuentes y vecinos, como Lucas Velasco y el instructor de trekking Sergio Perdoni, el deterioro es palpable en sectores específicos. La zona cercana a la rotonda de Alpargatas y la Escuela Agraria N°1 se ha convertido en un punto crítico donde se reportan robos de bicicletas y el abandono de vehículos quemados. El déficit de luminarias y los problemas de tensión eléctrica agravan la vulnerabilidad del parque durante la noche.
A esto se suma la complejidad de los asentamientos habitacionales. Cerca de la estación Pereyra, existe una ocupación de tierras que data de la década del 90. Al tratarse de terrenos ferroviarios bajo jurisdicción nacional, la administración provincial se ve limitada legalmente para intervenir, pudiendo únicamente ofrecer tareas de acompañamiento y contención. Esta división de competencias, sumada a la gestión tripartita entre los ministerios bonaerenses de Desarrollo Agrario, Ambiente y Seguridad, dificulta a veces la agilidad en las respuestas.
El parque también sufre la presión de los desarrollos inmobiliarios circundantes. Algunos vecinos denuncian que barrios cerrados han avanzado sobre límites naturales como el arroyo Baldovinos, alterando el hábitat de fauna autóctona como los carpinchos. En paralelo, el debate sobre la flora exótica (eucaliptos, robles y pinos introducidos en el siglo XIX) frente a la nativa plantea un desafío de mantenimiento constante: la caída de ejemplares antiguos de especies no autóctonas representa un riesgo para los visitantes.
A pesar de las dificultades, el Parque Pereyra Iraola mantiene su esencia productiva original. Unas 300 familias de colonos habitan y cultivan la zona de transición bajo convenios históricos que datan de la expropiación de 1949. Actualmente, el Ministerio de Desarrollo Agrario impulsa un proceso de regularización enfocado en la agroecología, buscando reducir el uso de agroquímicos y fomentar prácticas sostenibles que armonicen con el estatus de reserva.
Para sostener este ambicioso esquema, el parque demanda una mayor inversión en capital humano. Con un total aproximado de 82 trabajadores destinados por Desarrollo Agrario y Ambiente, el número resulta insuficiente para cubrir las 10.000 hectáreas. El objetivo de las autoridades es claro: transformar la desidia en un modelo de gestión que preserve el valor ecosistémico de este pulmón sin ignorar las demandas de seguridad y limpieza que exige la comunidad.
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