Roberto Sánchez alcanzó el segundo puesto en el escrutinio de Perú y enfrentaría a Keiko Fujimori en el balotaje. El candidato izquierdista, aliado de Pedro Castillo, superó a Rafael López Aliaga, quien denunció un fraude rechazado por observadores internacionales.
El panorama electoral en Perú experimentó un cambio decisivo este miércoles con el ascenso de Roberto Sánchez al segundo puesto en el conteo oficial de votos. El representante de Juntos por el Perú logró sobrepasar al dirigente conservador Rafael López Aliaga, consolidándose como el contendiente con mayores probabilidades de enfrentar a Keiko Fujimori en el balotaje programado para el mes de junio. Con más del 91% de los sufragios procesados, la líder de Fuerza Popular encabeza la tabla con un 17%, mientras que Sánchez alcanza el 12%, superando por apenas dos décimas a su inmediato perseguidor.
El avance de Sánchez se explica principalmente por el procesamiento de las actas provenientes de las zonas rurales y del sur andino, regiones donde el psicólogo de 57 años concentra su mayor caudal electoral. En sus primeras declaraciones tras el repunte, el candidato instó a la calma y a la vigilancia internacional del escrutinio, distanciándose de las acusaciones de irregularidades y llamando a las fuerzas políticas a respetar la voluntad popular expresada en las urnas.
Roberto Sánchez, quien desempeñó el cargo de ministro de Comercio Exterior durante la gestión de Pedro Castillo, ha centrado su plataforma en la continuidad del proyecto político del exmandatario. Durante sus actos de campaña, ha adoptado símbolos característicos del sindicalismo campesino y ha prometido el indulto para Castillo, quien actualmente cumple una condena de prisión. Su programa de gobierno propone transformaciones de fondo, destacando la convocatoria a una asamblea constituyente para redactar una nueva Carta Magna y la transición hacia un modelo de Estado plurinacional.
Según el candidato, su ascenso refleja una demanda profunda de renovación por parte de los sectores históricamente postergados del país. Este enfoque busca canalizar el descontento social mediante la inclusión de las comunidades originarias en la toma de decisiones gubernamentales, emulando modelos políticos implementados previamente en otras naciones de la región.
El proceso electoral ha estado marcado por una fuerte controversia logística que obligó a extender las votaciones durante dos jornadas consecutivas debido a demoras en la apertura de mesas en la capital. Ante este escenario, Rafael López Aliaga ha desconocido la validez del escrutinio y ha exigido la anulación total de los comicios, encabezando movilizaciones frente a las sedes electorales. Sin embargo, observadores internacionales de la Unión Europea han manifestado que no existen evidencias técnicas que respalden las teorías de una manipulación sistemática de los resultados.
Por su parte, Keiko Fujimori ha adoptado una postura de moderación, exigiendo a sus opositores que presenten pruebas fácticas antes de agitar el fantasma del fraude. La candidata derechista enfatizó la necesidad de evitar el caos social en un momento de fragilidad institucional, rechazando los llamados a la insurgencia y exhortando a la “madurez política” para garantizar que la transición hacia la segunda vuelta se realice dentro de los cauces democráticos previstos.
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