El Gobierno ordenó a todos los ministerios recortar un 2% de su presupuesto para blindar el superávit fiscal del 1,4% del PIB. La medida, coordinada por la Jefatura de Gabinete, busca anticiparse a la caída en la recaudación tributaria.
El Gobierno ordenó a todos los ministerios recortar un 2% de su presupuesto para blindar el superávit fiscal del 1,4% del PIB. La medida, coordinada por la Jefatura de Gabinete, busca anticiparse a la caída en la recaudación tributaria.
En un movimiento que busca consolidar la disciplina fiscal exigida por los organismos internacionales, el Ejecutivo nacional ha impartido una orden tajante a todas sus carteras: aplicar un recorte adicional del 2% en sus partidas presupuestarias. Esta instrucción, validada por el presidente Javier Milei, surge como un mecanismo de defensa ante la persistente erosión de los ingresos tributarios, que ya encadenan ocho meses de retroceso en términos reales. La medida pretende garantizar el cumplimiento de la meta de excedente primario del 1,4% del PIB pactada recientemente con el FMI, blindando el esquema de “emisión cero” frente a las crecientes demandas de sectores como el universitario y previsional.
La arquitectura de este nuevo tijeretazo recae en la Jefatura de Gabinete, bajo la coordinación de Manuel Adorni, quien trabaja en conjunto con las áreas de Economía y Desregulación. Además de la poda porcentual sobre el presupuesto general, se ha dispuesto una reducción específica del 20% en gastos de funcionamiento operativo, afectando directamente a las flotas de vehículos oficiales y servicios de traslado. Cada ministerio tiene como fecha límite el cierre de abril para presentar un diagnóstico detallado sobre qué programas y dependencias serán sacrificados para alcanzar los objetivos de ahorro fijados desde la cúspide del poder.
La implementación de este ajuste ha generado un clima de inquietud en diversos despachos gubernamentales. Varios ministros sostienen que, tras dos años de gestión bajo una lógica de austeridad extrema, el margen para seguir suprimiendo gastos es prácticamente inexistente sin comprometer la operatividad básica. No obstante, la línea que baja desde la Secretaría de Hacienda es inamovible: la prioridad absoluta es el equilibrio financiero. Esta “carrera” por ver quién logra los mejores resultados de ahorro en mayo pone a prueba la cohesión del gabinete en un contexto donde los costos fijos, muchos de ellos dolarizados, dificultan la poda indiscriminada.
A pesar de las quejas por lo que algunos funcionarios consideran una búsqueda “con lupa” de fondos ya agotados, la Jefatura de Gabinete confía en que la meta es alcanzable. Antecedentes recientes, como la reducción de la planta de personal en la propia oficina del ministro coordinador —que pasó de casi 3.000 a poco más de 2.500 empleados en pocos meses—, son utilizados como ejemplo de la viabilidad del plan. En la Casa Rosada interpretan que esta señal de rigor enviada al mercado y a los actores sociales es indispensable para mantener la estabilidad macroeconómica en la etapa actual del programa libertario.
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