El fiscal Guillermo Marijuan denunció una red de lavado y coimas vinculada a fotomultas en Buenos Aires. La trama involucra empresas privadas, funcionarios y la UNSAM, bajo un esquema que desviaba el 70% de la recaudación millonaria.
El fiscal Guillermo Marijuan denunció una red de lavado y coimas vinculada a fotomultas en Buenos Aires. La trama involucra empresas privadas, funcionarios y la UNSAM, bajo un esquema que desviaba el 70% de la recaudación millonaria.
El funcionamiento de los radares y el cobro de infracciones de tránsito en territorio bonaerense ha ingresado en una etapa de revisión judicial tras una denuncia presentada por el fiscal federal Guillermo Marijuan. La investigación preliminar, identificada como IP 141, se inició a fines de enero de 2026 tras recibir alertas sobre presuntas irregularidades en la contratación de sistemas de seguridad vial. El eje de la pesquisa se centra en establecer si existió un aprovechamiento indebido de convenios de colaboración para gestionar el control de velocidad en diversas localidades. De acuerdo con las actuaciones, el Ministerio Público Fiscal detectó una estructura que vincula a las firmas Secutrans S.A. y Tránsito Seguro S.A. con procesos de contratación directa que habrían evitado las licitaciones públicas tradicionales. En este esquema, se investiga la participación de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) y su fundación vinculada, FUNINTEC, como puentes institucionales para la implementación de estos servicios tecnológicos en más de diez distritos, incluyendo puntos de alta densidad vehicular como La Matanza, General Pueyrredón y San Isidro.
La documentación incorporada a la causa revela que la Fundación UNSAM Innovación y Tecnología (FUNINTEC) mantenía una “asociación estratégica” con la empresa privada Tránsito Seguro S.A.. Bajo esta modalidad, la empresa se encargaba de proveer e instalar los cinemómetros y cámaras, mientras que la fundación gestionaba la parte administrativa y de capacitación del programa de seguridad vial. Sin embargo, el punto que genera mayor atención judicial es la distribución de los ingresos generados por las multas.Según los convenios analizados, se estableció que la contraprestación por estos servicios equivalía al 70% de lo recaudado por las infracciones abonadas, quedando el 30% restante para las arcas municipales. Los reportes indican que, solo en el partido de La Matanza, la suma transferida a la fundación por este concepto superó los 3.758 millones de pesos en un período de nueve meses durante el año 2024. La justicia ahora busca determinar si estos fondos fueron aplicados a los fines previstos o si existieron maniobras de lavado de dinero mediante facturaciones a empresas sin actividad real.
La denuncia también menciona a distintos funcionarios que habrían intervenido en la gestión de estas autorizaciones, incluyendo dependencias de la Secretaría de Transporte tanto a nivel nacional como provincial y la Agencia Nacional de Seguridad Vial. El fiscal Marijuan ha sugerido la realización de diversas diligencias para esclarecer los hechos, tales como el requerimiento de informes patrimoniales a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y la intervención de la Unidad de Información Financiera.En este contexto, se ha solicitado certificar otras causas similares que tramitan en juzgados federales de la provincia, como la radicada en Tres de Febrero, para evitar la superposición de investigaciones sobre el mismo objeto. La intención de las autoridades es transparentar un sector que maneja volúmenes millonarios y verificar que el sistema de fotomultas cumpla estrictamente con su función de prevención ciudadana sin desvíos institucionales.
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