Efectivos de la Policía Federal se presentaron en Telefe para notificar a la participante Jessica Eli Maciel. La jugadora enfrenta una denuncia por averiguación de ilícito vinculada a la explotación sexual de menores en la zona de San Martín.
Efectivos de la Policía Federal se presentaron en Telefe para notificar a la participante Jessica Eli Maciel. La jugadora enfrenta una denuncia por averiguación de ilícito vinculada a la explotación sexual de menores en la zona de San Martín.
Alrededor de las 13 horas del jueves, agentes de las fuerzas federales arribaron a las instalaciones del canal Telefe, ubicadas en la localidad bonaerense de Martínez. El objetivo del operativo fue entregar una cédula de notificación judicial a Jessica Eli Maciel, participante de 47 años en el programa de telerrealidad.
La producción del ciclo coordinó la entrega del documento dentro del espacio denominado “confesionario“, con la asistencia de abogados de la señal televisiva. Según informaron fuentes cercanas a la producción, Maciel firmó el escrito sin abandonar el predio, por lo que se mantuvo técnicamente dentro del régimen de aislamiento que rige para los concursantes.
La investigación comenzó a finales de marzo tras una serie de testimonios recolectados por la Asociación Civil Madres Víctimas. Hasta el momento, 17 mujeres trans presentaron declaraciones ante la Justicia, en las que señalaron haber sido víctimas de explotación bajo el mando de la actual participante del programa.
El expediente, caratulado inicialmente como averiguación de ilícito, analiza hechos que habrían ocurrido en la zona de la Ruta 8, en San Martín. Los testimonios describen un esquema donde las denunciantes, en su mayoría menores de edad al momento de los hechos, debían abonar sumas diarias de dinero para poder permanecer en determinadas zonas.
El conductor Ángel de Brito y otros cronistas judiciales detallaron que el escrito presentado ante las autoridades describe un sistema de regenteo. Según las declaraciones, las víctimas eran convocadas al domicilio particular de la imputada, donde se establecían las condiciones de la actividad.
Los relatos judiciales incluyen acusaciones de agresiones físicas en caso de incumplimiento de los pagos acordados. Las denunciantes mencionaron el uso de elementos contundentes y situaciones de encierro que, en algunos casos, derivaron en hospitalizaciones. El documento judicial también refiere a presuntos daños a la salud mediante el uso de sustancias industriales.
Pese a la gravedad de las acusaciones, la participante continuará en la competencia. La producción del canal indicó que su permanencia no se verá alterada mientras la Justicia no dicte medidas que limiten su libertad, como una orden de detención o una citación que requiera su presencia física fuera de los estudios.
El suceso reabre el debate sobre los criterios de selección en programas de alta exposición y el límite entre el espectáculo y la realidad judicial. ¿Debería la producción de un programa masivo mantener en pantalla a una persona bajo una investigación de este calibre mientras el proceso judicial avanza?
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