El gobierno de José Antonio Kast inició la expulsión masiva de migrantes irregulares con un primer vuelo desde Iquique. La gestión endurecerá los operativos terrestres y aéreos, reactivará zanjas fronterizas y buscará criminalizar por ley el ingreso no autorizado al país.
La administración de José Antonio Kast ha iniciado formalmente la ejecución de su política migratoria con el despegue de la primera aeronave destinada a la repatriación de extranjeros en situación indómita. Durante una jornada en Iquique, 40 ciudadanos provenientes de Colombia, Ecuador y Bolivia fueron trasladados en una unidad de la Fuerza Aérea, marcando el comienzo de una serie de operativos que el Ejecutivo pretende sistematizar. El mandatario, quien asumió el mando en marzo tras una campaña centrada en la seguridad fronteriza, ratificó que este procedimiento será el primero de múltiples traslados que incluirán tanto vía aérea como terrestre para desalojar a quienes ingresaron al país sin la documentación pertinente.
Desde la Subsecretaría del Interior se confirmó que la frecuencia de estos traslados aumentará significativamente, aunque no se revelaron cronogramas específicos para preservar la integridad de los operativos. Esta estrategia busca dar respuesta a una población de migrantes irregulares que supera las 330.000 personas, en su mayoría de origen venezolano, en un contexto donde el nuevo gobierno vincula directamente la migración clandestina con el deterioro de la seguridad pública.
Para complementar las expulsiones, el gobierno de Kast ha reactivado la edificación de barreras físicas en los límites con Perú y Bolivia, además de paralizar los procesos de amnistía o regularización que afectaban a unos 180.000 extranjeros. Según cifras oficiales, la incertidumbre tras el cambio de gestión ha motivado que más de 2.000 venezolanos opten por el retorno voluntario. Dada la ruptura de vínculos diplomáticos con Caracas desde 2024, el Palacio de La Moneda se enfocará en incentivar estas salidas espontáneas ante la dificultad de coordinar vuelos de deportación directa hacia ese país.
En el plano legislativo, el oficialismo se prepara para enviar al Congreso iniciativas que endurezcan las sanciones contra la inmigración ilegal. El paquete de reformas busca tipificar el cruce fronterizo no autorizado como un acto criminal y establecer penas severas para quienes faciliten o promuevan el ingreso irregular de personas al territorio chileno. Estas acciones marcan un quiebre respecto a las cifras de los períodos presidenciales de Sebastián Piñera y Gabriel Boric, quienes durante sus respectivos mandatos deportaron a un total de 6.668 y 4.544 ciudadanos.
El costo de criar un hijo en Argentina superó los $500,000 mensuales en marzo, con picos de $676,431 para niños de 6 a 12 años. Pese a que estos gastos crecen sobre la inflación, la pobreza infantil descendió al 41,3%.
ATE anunció un paro en el Servicio Meteorológico para el 24 de abril por el despido de 140 empleados. El sindicato alerta sobre riesgos en la seguridad aérea, mientras el Gobierno defiende la medida para automatizar y modernizar el organismo.
Hernán Boveri apeló su procesamiento por el presunto robo de propofol en el Hospital Italiano, alegando falta de pruebas directas y un inventario sin faltantes. Su defensa califica la acusación de arbitraria, basándose solo en rumores y testimonios indirectos.
En el Día Mundial de la Hemofilia, especialistas enfatizan que el diagnóstico temprano es vital para iniciar tratamientos profilácticos. La detección oportuna de la deficiencia de factores VIII o IX previene daños articulares crónicos y mejora significativamente la calidad de vida.
Stefanía Troncoso enfrenta un juicio en Paraná por haber pedido “un tiro en la frente” para Mauricio Macri en Facebook en 2017. La justicia investiga si el mensaje fue una instigación al delito o una simple expresión de repudio.
La justicia amplió las indagatorias a los procesados por la contaminación de fentanilo en los laboratorios HLB Pharma y Ramallo. El expediente ya contabiliza 124 víctimas fatales y 49 afectados con secuelas, en lo que se considera la mayor tragedia sanitaria argentina.
El Gobierno redujo encajes para bajar las tasas y fomentar el consumo tras estabilizar el dólar. El respaldo del Banco Mundial garantiza los pagos de deuda de julio, mientras la fuerte demanda de bonos soberanos redujo el riesgo país a 518 puntos.
La justicia evaluará el estado de salud de Fabián Rossi para decidir si le otorga prisión domiciliaria. El financista, condenado por lavado de dinero, será examinado el 13 de mayo por médicos forenses tras denunciar un grave deterioro físico en prisión.
