Fiscalía federal de Santiago del Estero solicitó la captura del presidente y el tesorero de la AFA. Investigan una estructura societaria que habría desviado fondos millonarios de la entidad deportiva mediante facturación apócrifa entre 2018 y 2026.
Fiscalía federal de Santiago del Estero solicitó la captura del presidente y el tesorero de la AFA. Investigan una estructura societaria que habría desviado fondos millonarios de la entidad deportiva mediante facturación apócrifa entre 2018 y 2026.
Pedro Simón, fiscal federal de Santiago del Estero, presentó este viernes un dictamen de 181 carillas ante la justicia para requerir la detención de Claudio Tapia y Pablo Toviggino. La acusación principal los señala como responsables de liderar una asociación ilícita dedicada a la defraudación sistemática de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y al posterior lavado de activos.
La investigación preliminar, iniciada en diciembre de 2025, sostiene que los imputados utilizaron un entramado de 16 sociedades comerciales para canalizar fondos provenientes de la AFA. Según el dictamen, la entidad madre del fútbol argentino transfirió al menos 3.633 millones de pesos a cuentas de firmas vinculadas directamente al entorno de Toviggino, quien desempeña el cargo de tesorero.
El Ministerio Público Fiscal identificó tres etapas en el presunto esquema criminal. En primer lugar, la introducción del dinero mediante facturas por servicios que, según la fiscalía, nunca se prestaron.
Posteriormente, se realizaba una “estratificación” a través de transferencias cruzadas entre las mismas empresas para dificultar el rastreo del origen del capital. Finalmente, los fondos se habrían destinado a la compra de bienes de lujo, incluyendo una propiedad en Pilar valuada en 17 millones de dólares, 35 inmuebles en Santiago del Estero y una flota de vehículos de alta gama.
Simón calificó a Pablo Toviggino como el “jefe” de la organización criminal, mientras que a Claudio “Chiqui” Tapia se lo acusa de haber convalidado las transferencias de fondos con presunto conocimiento de su destino ilícito. La solicitud de detención alcanza a un total de 24 personas, entre las que se encuentran familiares directos del tesorero y supuestos testaferros.
La fiscalía fundamentó el pedido de prisión preventiva en el riesgo de fuga y el posible entorpecimiento de la investigación, debido a la elevada solvencia económica de los involucrados y sus vínculos internacionales. Además, se solicitó la inhibición general de bienes y el secreto de sumario sobre las actuaciones.
El proceso enfrenta ahora una definición clave sobre su competencia territorial. Aunque la denuncia se radicó en Santiago del Estero, el fiscal sugirió que parte de la investigación por defraudación debería remitirse a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), lugar donde operaba la sede de la AFA. Actualmente, la causa se encuentra a la espera de las resoluciones del juez federal de Catamarca, Guillermo Díaz Martínez.
Resta determinar si el sistema judicial unificará este expediente con otras investigaciones en curso que involucran a los mismos dirigentes en la jurisdicción de Campana, Buenos Aires, bajo cargos similares de irregularidades patrimoniales.
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