El corazón de la reforma laboral libertaria enfrenta un escollo judicial crítico. Mientras el Ministerio de Economía y la Comisión Nacional de Valores (CNV) ultiman los detalles técnicos del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), una medida cautelar mantiene frenado el articulado que le da vida. Este esquema obliga a los empleadores a derivar un porcentaje de sus aportes patronales a fondos administrados por bancos o sociedades de bolsa, con el fin de financiar futuras indemnizaciones. Ante la parálisis judicial, el Ejecutivo baraja la posibilidad de usar una cláusula de la ley que permite postergar su inicio por seis meses.
Fecha límite: El arranque original es el 1° de junio, pero podría moverse a diciembre.
Masa de fondos: Se estima que el sistema movilizará entre US$ 1.900 y US$ 2.200 millones anuales hacia el mercado de capitales.
Costo fiscal: La consultora PwC calcula un impacto de 0,23% del PBI anual por la pérdida de recaudación directa de Anses.
Población alcanzada: El fondo incluiría a 5,7 millones de trabajadores (3 millones de grandes empresas y 2,7 millones de pymes).
Dudas operativas y el rol de las micro pymes
La falta de “letra chica” genera incertidumbre en el sector privado, especialmente sobre cómo se implementará el FAL en negocios con pocos empleados. Especialistas del mercado sugieren que, para el segmento de “empleadores minoristas”, los bancos tradicionales llevarán la delantera frente a las sociedades de bolsa debido a su capilaridad. Sin embargo, persisten incógnitas sobre la responsabilidad legal última de las administradoras en la liquidación de despidos y cómo funcionará la “portabilidad” del fondo si una empresa decide cambiar de gerente financiero.
La CNV, liderada por Roberto Silva, ha mantenido reuniones con brokers y estudios jurídicos, pero aún no hay definiciones sobre los límites de inversión. La prioridad para los CFO de las compañías será que el fondo no pierda contra la inflación. Por ello, se prevé una concentración en activos locales en pesos con ajuste de capital (CER), descartando instrumentos de mayor riesgo como los Cedears.
El impacto en el mercado de capitales y el gasto público
A pesar de las trabas judiciales, en el sector financiero existe un clima de expectativa por lo que definen como una “revolución en el mercado de capitales”. El flujo mensual de aportes, estimado en más de $263.000 millones, dotará de una liquidez inédita al mercado local, favoreciendo el financiamiento corporativo y de deuda soberana. No obstante, el desafío para el Gobierno es doble: por un lado, destrabar el conflicto en la Corte y, por otro, compensar el hueco fiscal que genera el desvío de estos fondos que antes iban a la seguridad social.
La Bolsa de Comercio de Rosario advirtió que la efectividad del régimen dependerá de la estabilidad normativa en el tiempo. Sin claridad sobre la reglamentación y con la reforma laboral bajo la lupa de la justicia, el esquema que busca reducir la litigiosidad y facilitar las contrataciones corre el riesgo de nacer en un limbo legal que desaliente a las empresas a adoptar el nuevo sistema indemnizatorio antes de que sea obligatorio.