Gerardo Pollicita inició el análisis para ampliar la causa por enriquecimiento ilícito contra Manuel Adorni. El fiscal federal requirió los informes reservados de la Oficina Anticorrupción tras detectar inversiones en criptomonedas previas a la gestión pública del funcionario.
El fiscal federal, Gerardo Pollicita, dispuso una nueva batería de medidas de prueba en la investigación que analiza la evolución patrimonial del jefe de Gabinete, Manuel Adorni. El requerimiento judicial apuntó a determinar la consistencia entre los bienes declarados por el funcionario, las declaraciones juradas rectificativas posteriores realizadas ante los organismos de control y las explicaciones públicas brindadas sobre el origen de sus fondos.
Dentro de las principales disposiciones, el representante del Ministerio Público Fiscal solicitó a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) que informe en un plazo de 72 horas si el ministro y su esposa, Bettina Angeletti, presentaron declaraciones juradas originales o rectificativas correspondientes a los períodos fiscales 2023, 2024 y 2025.
Los documentos impositivos integrales de carácter público serán incorporados al análisis técnico que viene realizando la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI).
La fiscalía focalizó la pesquisa en las inversiones en criptomonedas y ordenó a la DAFI la elaboración de un informe sobre la cotización histórica del Bitcoin desde 2013 hasta la actualidad.
Asimismo, el funcionario judicial avanzó sobre la información de la plataforma digital Lemon Cash, donde se registró la apertura de una cuenta a nombre de Adorni en diciembre de 2020, solicitando ampliar el alcance temporal de los requerimientos financieros hasta dicho año.
Con el objetivo de reconstruir los ingresos formales del entorno familiar, la fiscalía requirió a la ANSES la remisión de la historia laboral completa de Adorni y de Angeletti desde 2012 hasta el presente. La medida incluyó pedidos de datos sobre empleadores, remuneraciones devengadas, aportes previsionales y actividades autónomas.
Paralelamente, Pollicita libró un oficio al Juzgado Civil y Comercial N°18 de La Plata para obtener precisiones sobre el expediente sucesorio de Jorge Adorni, padre del jefe de Gabinete.
La fiscalía solicitó detalles sobre los bienes denunciados, tenencia de dinero en efectivo, cuentas bancarias y posibles cesiones de derechos hereditarios, luego de que el funcionario mencionara dicha herencia como justificación de su patrimonio.
En el mismo sentido, la División Antifraude de la Policía Federal recibió el encargo de realizar un relevamiento exhaustivo de fuentes abiertas desde 2013. La recolección buscará identificar declaraciones públicas en redes sociales, entrevistas y notas periodísticas relacionadas con la trayectoria laboral del matrimonio.
En el documento de acceso público correspondiente al año 2025, el jefe de Gabinete informó un patrimonio cercano a los 945 millones de pesos. El funcionario argumentó en entrevistas televisivas que su capital procedió de la inversión de USD 200.000 en bitcoins, una operación previa a la gestión pública que ascendió a USD 500.000 en activos digitales.
Dentro del desglose de bienes, se incluyó una propiedad en el club de campo Indio Cuá, valuada en $156.926.249, y un departamento en la calle Miró al 500, tasado en $255.844.500, registrando además deudas por más de $317.000 y casi USD 188.000.
Por otra parte, el juez federal, Ariel Lijo, tramitó otros dos expedientes vinculados a la actividad del funcionario. El primero investigó su vínculo con el periodista Marcelo Grandío, mientras que el segundo analizó las contrataciones de la empresa MasBe, una consultora de coaching propiedad de Angeletti, con firmas contratistas del Estado nacional como Grupo Datco, National Shipping y Foggia Group.
En una causa paralela, el fiscal Guillermo Marijuan, solicitó la declaración jurada patrimonial del diputado bonaerense Francisco Adorni, hermano del jefe de Gabinete, para incorporarla a una investigación por presunto enriquecimiento ilícito en el ámbito provincial.
El legislador bonaerense rectificó su presentación patrimonial ante las autoridades, donde asentó que el 50% de su vivienda en City Bell posee un valor de $52.600.000, incorporó la tenencia de cinco cajas de ahorro con un total de $2.000.000 y registró la percepción de una herencia de $21.000.000 millones. El resultado de los informes periciales determinará los próximos pasos procesales de los expedientes en curso.
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