A casi 20 años del femicidio de Río Cuarto, la Legislatura de Córdoba evalúa el desempeño de Javier Di Santo, Daniel Miralles y Luis Pizarro. El proceso se dispara tras la reciente imputación de un sospechoso por pruebas de ADN que estuvieron en el expediente durante dos décadas sin ser debidamente analizadas.
La justicia de Córdoba enfrenta un proceso histórico. Este martes comienza en la Legislatura Unicameral el jury de enjuiciamiento contra los tres fiscales que tuvieron a su cargo la investigación del asesinato de Nora Dalmasso. El tribunal busca determinar si existió mal desempeño y omisiones deliberadas en una causa que, hasta hace pocos meses, parecía destinada a la impunidad total.
Los acusados: Javier Di Santo, Daniel Miralles y Luis Pizarro.
El tribunal: Presidido por Julieta Rinaldi; la acusación estará a cargo de la fiscal adjunta Bettina Croppi.
Testigos clave: Fueron citados Marcelo Macarrón y sus hijos, Facundo y Valentina.
Plazo: El veredicto sobre la destitución o continuidad de los funcionarios se conocerá antes del 28 de mayo.
El detonante de este juicio político fue el giro inesperado que dio la causa en 2024. El fiscal Pablo Jávega logró identificar que un perfil genético hallado en el cuerpo y en la bata de Nora pertenece a Roberto Bárzola, un parquetista que realizó trabajos en la casa de la víctima en la fecha del crimen.
Lo que agrava la situación de los fiscales enjuiciados es que ese rastro de ADN estuvo disponible en el laboratorio de genética desde los inicios de la instrucción, pero nunca fue cruzado con los trabajadores que pasaron por la propiedad. Para la querella y la acusación, esta omisión constituye una negligencia grave que permitió que la causa prescribiera y que el viudo, Marcelo Macarrón, fuera sometido a un juicio desgastante del que resultó absuelto en 2022.
Facundo Dalmasso, quien durante años cuestionó el rumbo de la investigación, expresó que el jury es una búsqueda de justicia por la memoria de su madre. “Los cordobeses no nos merecemos que suceda un crimen así… esto no lo hacemos por odio, sino para que se sepa la verdad”, afirmó.
El proceso contará con cinco audiencias iniciales y la declaración de 37 testigos. Si el tribunal de enjuiciamiento falla en contra de Di Santo, Miralles y Pizarro, los fiscales podrían ser destituidos de sus cargos de forma inmediata, marcando un precedente sobre la responsabilidad de los funcionarios judiciales ante investigaciones deficientes en casos de alto impacto social.
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