La legisladora, Graciela Ocaña, presentó un reclamo ante la Superintendencia de Servicios de Salud por presuntas irregularidades en Oschoca. Denunció deudas millonarias y desvío de fondos hacia empresas vinculadas a la familia de Hugo Moyano.
La legisladora, Graciela Ocaña, presentó un reclamo ante la Superintendencia de Servicios de Salud por presuntas irregularidades en Oschoca. Denunció deudas millonarias y desvío de fondos hacia empresas vinculadas a la familia de Hugo Moyano.
La legisladora de la Ciudad de Buenos Aires Graciela Ocaña solicitó formalmente a la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) la intervención de la Obra Social de Choferes de Camiones (Oschoca). La petición se fundamentó en supuestas deficiencias graves en la administración de recursos y en la prestación de servicios médicos para los 191.000 afiliados de la entidad que preside el dirigente gremial Hugo Moyano.
Ocaña dirigió el reclamo a Claudio Stivelman, titular de la SSS, basándose en el artículo 27 de la ley 23.660. Este apartado legal faculta al Estado nacional a intervenir instituciones de salud sindical ante anomalías administrativas. Según la presentación, la administración de la obra social se encuentra bajo la gestión de Iarai S.A., empresa vinculada a Liliana Zulet, esposa del jefe sindical.
La documentación presentada detalló que la deuda de la prestadora en 23 seccionales del país ascendió a $32.400 millones de pesos hacia febrero de este año. Estimaciones de sectores internos del sindicato indicaron que, de sumarse los pasivos de la provincia de Buenos Aires, el déficit global podría alcanzar los $60.000 millones de pesos.
Asimismo, los balances analizados entre 2017 y 2022 reflejaron resultados operativos negativos y una disminución constante en la cantidad de beneficiarios, que descendió de 205.964 a 191.813 personas. Ocaña advirtió sobre un posible estado de quiebra debido a estos indicadores de baja liquidez y patrimonio neto negativo.
El pedido de intervención rescató antecedentes judiciales de 2006 y 2013, donde la Unidad de Información Financiera (UIF) investigó maniobras de triangulación de dinero. El texto señaló que se realizaron transferencias por $900 millones de pesos en un periodo de doce días hacia fideicomisos relacionados con el entorno familiar de Moyano.
Por otra parte, Sergio Aladio, secretario general de la seccional Santa Fe —sector distanciado de la conducción nacional—, manifestó la necesidad de que los afiliados no queden involucrados en conflictos internos de la dirigencia. Durante el transcurso de la actual gestión de gobierno, la SSS ya dispuso el control estatal de diez obras sociales bajo argumentos similares de irregularidades prestacionales.
El Poder Ejecutivo deberá definir ahora si existen elementos suficientes para avanzar sobre la autonomía de una de las organizaciones prestadoras de salud más grandes del país. La decisión de la Superintendencia de Servicios de Salud determinará si los hechos denunciados justifican una medida excepcional o si el conflicto permanecerá en la órbita de los tribunales federales donde radican las causas previas.
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