El Centro de Articulación de Poblaciones Marginalizadas (CEAP) solicitó ingresar como amicus curiae en la causa contra la abogada argentina. La organización denuncia un “espectáculo de impunidad” y rechaza que el proceso por injuria racial se cierre con un simple acuerdo económico.
El proceso judicial contra Agostina Páez, la abogada argentina procesada por injuria racial en Río de Janeiro, ha tomado un giro inesperado. El CEAP, una de las ONG más influyentes de Brasil en la defensa de los derechos de poblaciones marginalizadas, pidió formalmente intervenir en la causa. Su objetivo es claro: evitar que la justicia brasileña “se desmoralice” con una resolución que priorice el resarcimiento monetario sobre la sanción social.
El incidente: El 14 de enero pasado, Páez fue filmada imitando a un mono frente a empleados de un bar en Ipanema.
Estatus actual: Tras permanecer retenida dos meses en Brasil, la joven de 29 años se encuentra en Argentina a la espera de la sentencia.
La oferta económica: Se discute un resarcimiento de 120 salarios mínimos (aprox. US$39.000), algo que la ONG considera un “insulto adicional” a las víctimas.
Para el abogado del CEAP, Carlos Nicodemos, el hecho de que la acusada aguante el fallo en su país natal envía un mensaje de permisividad judicial. La organización busca endurecer la postura del magistrado Guilherme Duarte, del Tribunal Penal N° 37, para que el caso no sea tratado como un simple incidente turístico.
La estrategia del CEAP no se limita a pedir cárcel o multas. Bajo el concepto de “litigio estratégico”, la ONG propone que Páez sea obligada a financiar proyectos sociales transnacionales que combatan el racismo y la xenofobia en ambos países. Según Nicodemos, se busca una “reparación colectiva a la sociedad brasileña” que trascienda el daño individual a los empleados del bar.
“La ley se endurece en el texto, pero se ablanda en la práctica. Denunciar cansa más de lo que resuelve si el sistema solo busca restituir el confort de la acusada”, afirmó Ivanir dos Santos, coordinador del CEAP.
La organización, fundada en 1989, tiene un historial de peso: ha litigado con éxito contra gigantes como Google y Spotify en casos de intolerancia. En esta oportunidad, sostienen que el sistema judicial de Río está ante una prueba de fuego para demostrar que el racismo en Brasil no es un “malentendido” que se soluciona con una chequera.
Un punto que el CEAP resaltó con especial indignación es la conducta del entorno íntimo de la abogada santiagueña. Para los activistas, el racismo de Agostina no es un exabrupto aislado, sino una conducta convalidada en su hogar. Esta lectura se apoya en el video viral de su padre, Mariano Páez, quien repitió el gesto del mono al recibir a su hija en Argentina.
Conducta aprendida: La ONG sostiene que el gesto del padre naturaliza el agravio original.
Perfil socioeconómico: Exigen que el estatus de la acusada no influya en la firmeza del fallo.
La inclusión del CEAP en el expediente se definirá el próximo jueves, cuando venza el plazo para que el Ministerio Público se pronuncie. Aunque no es frecuente admitir a una ONG en la primera instancia de un proceso penal, la relevancia internacional del caso podría sentar un precedente histórico en la justicia de Río de Janeiro.
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