Una operación de 3.500 millones de dólares por 24 cazas F‑16 amenaza la estabilidad del gobierno interino de José María Balcázar, tras un contrato firmado por la Fuerza Aérea del Perú y aceptado por el Ministerio de Economía.
Una operación de 3.500 millones de dólares por 24 cazas F‑16 amenaza la estabilidad del gobierno interino de José María Balcázar, tras un contrato firmado por la Fuerza Aérea del Perú y aceptado por el Ministerio de Economía.

La administración interina de Perú enfrenta una fractura interna tras la oficialización de la compra de 24 aviones de combate F-16 Block 70 a la empresa estadounidense Lockheed Martin. El presidente de la República, José María Balcázar, manifestó su oposición a la transacción el pasado 17 de abril, al considerar que un compromiso de tal magnitud debía ser asumido por el próximo gobierno electo.
Sin embargo, la estructura ministerial y el Congreso de la República avanzaron con el proceso, dejando al mandatario en una posición de aislamiento político.
El conflicto escaló cuando el ministro de Defensa, Carlos Díaz, y el canciller Hugo de Zela confirmaron públicamente que el contrato ya había sido suscrito. Según reportes técnicos, la firma se realizó a través del coronel Carlo Rey Benavente, jefe del Servicio de Abastecimiento Técnico de la Fuerza Aérea del Perú (FAP), por instrucción directa de la cartera de Defensa y sin la participación del jefe de Estado. Esta situación derivó en la destitución de Díaz y la renuncia de De Zela el pasado miércoles.
A pesar de la purga ministerial, el primer ministro Luis Arroyo defendió la compra calificándola como una “decisión estratégica” aprobada por el Consejo de Seguridad y Defensa Nacional (Cosedena).
Paralelamente, el ministro de Economía, Rodolfo Acuña, autorizó el primer desembolso de 462 millones de dólares, lo que ratifica la vigencia del acuerdo comercial con Washington.

El embajador de Estados Unidos en Perú, Bernie Navarro, señaló que la adquisición posiciona al país como un aliado principal extra-OTAN. Navarro subrayó que la tecnología de los F-16 permitirá la modernización de la defensa nacional para los próximos años, con entregas programadas entre 2029 y 2030.
Por su parte, el presidente Balcázar insistió en que los recursos deberían destinarse a cubrir brechas en salud y educación, aunque el presupuesto ya se encontraba asignado específicamente para equipamiento militar.
Desde el Parlamento, el presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, confirmó que el Estado cumplió con las cuotas financieras acordadas. En tanto, el congresista Ilich López anunció la presentación de una moción de censura contra Balcázar, mientras que otros legisladores solicitaron un pleno extraordinario para que el mandatario rinda cuentas sobre la inestabilidad generada en la política exterior peruana.
La ejecución del contrato, pese a la resistencia de la máxima autoridad del país, plantea interrogantes sobre la cohesión del gabinete y el ejercicio real del poder en la etapa de transición hacia las próximas elecciones. ¿Logrará el Ejecutivo recomponer su autoridad frente a un compromiso internacional que ya está en marcha?
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