Córdoba cobrará a los padres los operativos de seguridad generados por falsas amenazas de tiroteos escolares. La medida busca resarcir al Estado por el uso de recursos policiales y bomberos, responsabilizando económicamente a las familias por las conductas de los menores.
La administración provincial de Córdoba ha formalizado una normativa que obliga a los progenitores o tutores legales a costear los gastos derivados de los despliegues de seguridad ante intimidaciones de violencia en instituciones educativas. Esta determinación busca frenar la reciente multiplicación de falsas alarmas y amenazas de tiroteos que, lejos de ser tratadas como bromas juveniles, ahora son catalogadas como incidentes de extrema gravedad que dilapidan fondos públicos. El Ministerio de Seguridad local detalló que, una vez que el sistema judicial individualice a los menores responsables, se iniciará un proceso administrativo para facturar a sus familias el uso de patrullas, brigadas de explosivos, bomberos y tecnología de rastreo, recursos que son sustraídos de la vigilancia ciudadana general para atender estas emergencias ficticias.
La medida no es aislada en el territorio nacional, ya que distritos como Santa Fe, Corrientes y la ciudad de Mar del Plata han adoptado protocolos similares ante el colapso operativo que generan estas denuncias, algunas de las cuales estarían vinculadas a desafíos de plataformas digitales. Mientras que en territorio santafesino se estima que cada operativo puede demandar hasta seis millones de pesos, en Corrientes la cúpula policial ha recordado que el Código Civil establece la responsabilidad solidaria de los adultos por los perjuicios que ocasionen los hijos bajo su cuidado. En términos prácticos, el nuevo protocolo de resarcimiento en Córdoba funcionará mediante una coordinación estrecha con la fiscalía para cuantificar el tiempo y el equipamiento asignado a cada caso, procediendo luego a la intimación de pago para garantizar que el impacto financiero de estas conductas no recaiga sobre los contribuyentes.
Standard & Poor’s otorgó mayor confianza financiera a ocho firmas estratégicas locales luego de registrar avances en la economía nacional. El diagnóstico reduce la incertidumbre y mejora las condiciones de estas empresas para afrontar sus deudas futuras.
Imágenes de seguridad domiciliaria captaron el momento en que una cuidadora agredió físicamente a una menor de 3 años en Jesús María. La madre denunció el hecho ante la Unidad Judicial tras descubrir la situación mientras trabajaba.
Mediadores de Pakistán afirmaron este viernes la existencia de un texto consensuado para finalizar el conflicto en Oriente Próximo. No obstante, las versiones contrapuestas de Estados Unidos e Irán sobre las concesiones nucleares y económicas frenan la firma.
Durante el estreno mundialista en Toronto, la selección canadiense resignó la victoria al empatar 1-1 frente a Bosnia-Herzegovina. Un gol de Cyle Larin en el complemento salvó el debut del equipo local, tras el gol inicial de Lukic.
Apartaron al juez federal de Zárate-Campana de la investigación por la lujosa propiedad de Pilar atribuida al tesorero Pablo Toviggino. El expediente regresará al fuero porteño tras un revés para la estrategia judicial de la cúpula de la AFA.
Cinco internas de la Unidad 51 sufrieron torturas y abusos sexuales durante un operativo de seguridad. El fiscal Álvaro Garganta investiga los hechos, mientras las autoridades provinciales removieron a las autoridades del penal.
Rompió el silencio Virginia Mones Ruiz mediante un video a una semana del fallecimiento del cantante. El texto detalló la colaboración de funcionarios en el velatorio de Villa Domínico y valoró el respaldo afectivo de los fanáticos ricoteros.
Diputados de la Coalición Cívica solicitaron la inhabilitación del jefe de Gabinete para ejercer cargos públicos. Atribuyeron la presentación judicial a presuntas irregularidades y ocultamiento de activos en sus declaraciones juradas patrimoniales de los años 2024 y 2025.
