Córdoba cobrará a los padres los operativos de seguridad generados por falsas amenazas de tiroteos escolares. La medida busca resarcir al Estado por el uso de recursos policiales y bomberos, responsabilizando económicamente a las familias por las conductas de los menores.
La administración provincial de Córdoba ha formalizado una normativa que obliga a los progenitores o tutores legales a costear los gastos derivados de los despliegues de seguridad ante intimidaciones de violencia en instituciones educativas. Esta determinación busca frenar la reciente multiplicación de falsas alarmas y amenazas de tiroteos que, lejos de ser tratadas como bromas juveniles, ahora son catalogadas como incidentes de extrema gravedad que dilapidan fondos públicos. El Ministerio de Seguridad local detalló que, una vez que el sistema judicial individualice a los menores responsables, se iniciará un proceso administrativo para facturar a sus familias el uso de patrullas, brigadas de explosivos, bomberos y tecnología de rastreo, recursos que son sustraídos de la vigilancia ciudadana general para atender estas emergencias ficticias.
La medida no es aislada en el territorio nacional, ya que distritos como Santa Fe, Corrientes y la ciudad de Mar del Plata han adoptado protocolos similares ante el colapso operativo que generan estas denuncias, algunas de las cuales estarían vinculadas a desafíos de plataformas digitales. Mientras que en territorio santafesino se estima que cada operativo puede demandar hasta seis millones de pesos, en Corrientes la cúpula policial ha recordado que el Código Civil establece la responsabilidad solidaria de los adultos por los perjuicios que ocasionen los hijos bajo su cuidado. En términos prácticos, el nuevo protocolo de resarcimiento en Córdoba funcionará mediante una coordinación estrecha con la fiscalía para cuantificar el tiempo y el equipamiento asignado a cada caso, procediendo luego a la intimación de pago para garantizar que el impacto financiero de estas conductas no recaiga sobre los contribuyentes.
La joya blaugrana sufrió una lesión en el bíceps femoral tras marcar el gol del triunfo ante el Celta. Aunque no volverá a jugar con su club este año, los plazos médicos confirman que estará a disposición de Luis de la Fuente para la cita en Norteamérica.
Lucas Forastieri, hijo de un magnate del transporte y “gurú” financiero en redes, fue detenido en Luján. Acusado de estafar a inversores por cifras millonarias, su vida de lujos en Instagram contrastaba con proyectos inmobiliarios fantasmas y bonos que nunca devolvió.
Juan Ignacio Debandi Álvarez, de 36 años y oriundo de General Rodríguez, fue visto por última vez a mediados de enero en la ciudad de Cassis. Su familia inició una búsqueda internacional tras perder rastro de sus dispositivos electrónicos y movimientos bancarios.
En una medida sin precedentes en democracia, la gestión de Javier Milei quitó el acceso biométrico a todos los cronistas acreditados en Balcarce 50. La decisión surge tras una denuncia penal por presunto espionaje contra trabajadores del canal TN.
El mercado de fusiones y adquisiciones en Argentina creció un 63% en 2025, sumando USD 8.500 millones. Impulsado por el RIGI y reformas estructurales, el sector energético lideró las transacciones, marcando el regreso de inversores internacionales y una mayor estabilidad macroeconómica.
La probabilidad de recesión en Argentina bajó al 85% en marzo, alejándose del pico del 99% registrado en enero, según la UTDT. Aunque el Índice Líder muestra una leve recuperación mensual, el riesgo sigue siendo elevado debido a indicadores interanuales negativos.
El vicealmirante retirado David Burden declaró que el ARA San Juan estaba en óptimo estado estructural, pues implosionó tras superar su profundidad de diseño. Atribuyó el desastre a un descenso descontrolado, posiblemente causado por una explosión previa de hidrógeno.
Un testigo reveló ante la justicia una deuda no declarada de 65.000 dólares de Manuel Adorni por refacciones inmobiliarias. El fiscal Pollicita investiga si el patrimonio del funcionario y sus millonarios gastos en efectivo son compatibles con sus ingresos declarados.
