Tribunal federal de apelaciones autorizó este martes a escuelas de Texas a mostrar carteles con los Diez Mandamientos, revirtiendo bloqueo previo y avivando debate sobre religión en educación estatal de primaria y secundaria.
Tribunal federal de apelaciones autorizó este martes a escuelas de Texas a mostrar carteles con los Diez Mandamientos, revirtiendo bloqueo previo y avivando debate sobre religión en educación estatal de primaria y secundaria.
El Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito de los Estados Unidos dictaminó que Texas cuenta con la facultad legal para exigir la exhibición de los Diez Mandamientos en las aulas de las escuelas públicas. Con una votación de 9-7, el tribunal federal con sede en Nueva Orleans revirtió el martes la decisión de un juez de primera instancia que había suspendido la aplicación de la normativa el año pasado.
La resolución respalda el Proyecto de Ley 10 del Senado de Texas, promulgado en 2025. Esta legislación establece que los carteles, que deben ser donados y contar con dimensiones de 16 por 20 pulgadas, se ubiquen en lugares visibles de cada aula, desde nivel primario hasta secundario.
Según el fallo redactado por el juez de circuito Stuart Kyle Duncan, la medida no infringe la prohibición constitucional sobre el establecimiento de una religión oficial ni vulnera el libre ejercicio del culto.
Duncan argumentó en el escrito que la ley no dicta dogmas a las instituciones religiosas ni impone sanciones a quienes rechacen el contenido de los textos bíblicos. Por su parte, el fiscal general de Texas Ken Paxton calificó el resultado como una victoria para los valores morales de la región, destacando el impacto histórico de dicho decálogo en la formación de la nación.
Los demandantes, un colectivo de 16 familias representadas por la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) y otras organizaciones, manifestaron su rechazo ante la sentencia.
Jon Youngwood, abogado principal del grupo, sostuvo que el fallo contraviene los principios de la Primera Enmienda y la separación entre la Iglesia y el Estado. Para las familias involucradas, que incluyen sectores cristianos, multirreligiosos y no religiosos, la educación espiritual corresponde exclusivamente al ámbito privado.
En una postura discordante dentro del mismo tribunal, la jueza Irma Carrillo Ramírez señaló que la corte estaba obligada a respetar un precedente de la Corte Suprema de 1980. En aquel año, el máximo tribunal del país anuló una ley similar en Kentucky, al considerarla inconstitucional.
La entrada en vigor de la norma el pasado 1 de septiembre generó diversas reacciones en el sistema educativo. Mientras algunos distritos escolares aceptaron las donaciones y colocaron los cuadros, otros ofrecieron resistencia institucional.
Algunos educadores manifestaron su preocupación por el manejo de consultas sobre temas complejos presentes en los mandamientos, como el asesinato o el adulterio, en entornos escolares infantiles.
El fallo otorga autoridad al estado para supervisar el cumplimiento de la ley. En caso de que una escuela cuente con los carteles donados y se niegue a exhibirlos, las autoridades estatales podrían retener fondos o iniciar acciones legales. Esta decisión se suma a resoluciones similares en Luisiana, consolidando una tendencia jurídica en los estados bajo la jurisdicción de este tribunal de apelaciones.
El escenario legal se traslada ahora hacia la instancia máxima. Los grupos de derechos civiles confirmaron que solicitarán la intervención de la Corte Suprema de los Estados Unidos para revocar la medida.
Sin embargo, el desenlace de este caso determinará si los símbolos religiosos en espacios públicos de enseñanza serán considerados elementos históricos o una vulneración a la libertad de conciencia en las nuevas generaciones.
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