Carlos Frugoni, secretario de Infraestructura, fue denunciado por poseer siete departamentos y sociedades en Estados Unidos no declarados. El funcionario admitió la omisión tras una investigación periodística. El caso, por presunto enriquecimiento ilícito, quedó a cargo del juez Ariel Lijo.
Un nuevo escándalo por presunta falta de transparencia patrimonial sacude al Palacio de Hacienda tras la presentación de una denuncia penal contra el secretario de Coordinación de Infraestructura. El actual integrante de la cartera que dirige Luis Caputo fue señalado en los tribunales de Comodoro Py por mantener una cartera de siete inmuebles y participaciones societarias en Estados Unidos fuera de sus presentaciones oficiales ante la Oficina Anticorrupción y los organismos recaudatorios nacionales. El funcionario, quien anteriormente lideró la firma estatal porteña AUSA, admitió públicamente la existencia de estas propiedades ubicadas en Florida y de sus empresas registradas en Delaware y Wyoming, alegando que se trató de una equivocación administrativa que intentará subsanar a la brevedad.
El expediente ha recaído en el juzgado federal de Ariel Lijo, quien ya concentra otras investigaciones sobre el patrimonio de figuras de la actual administración nacional. Las fincas en cuestión habrían sido adquiridas entre los años 2020 y 2022, periodo en el cual Frugoni supervisaba las autopistas de la capital argentina, con valores individuales que promedian los 200.000 dólares. Según la normativa vigente de Ética Pública, los agentes del Estado están estrictamente obligados a transparentar la totalidad de sus bienes, cuentas y acciones tanto dentro como fuera de las fronteras del país, una responsabilidad que el secretario habría incumplido sistemáticamente según los registros del sistema de integridad.
La trayectoria de Frugoni ya contaba con advertencias por irregularidades similares durante su paso por la gestión de la Ciudad de Buenos Aires. En dos oportunidades recientes, la autoridad de transparencia porteña lo sancionó con multas millonarias e incluso lo incorporó a un listado oficial de sujetos incumplidores por no entregar sus declaraciones juradas en tiempo y forma. Tras un breve paso por la CNRT, el funcionario fue reclutado para el Ministerio de Economía para coordinar las licitaciones y concesiones viales de todo el territorio nacional, cargo que ahora ejerce mientras la justicia federal analiza si su crecimiento patrimonial y la opacidad de sus activos internacionales constituyen delitos penales bajo la figura de enriquecimiento ilícito.
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