La Cámara de Casación busca recuperar 684.990 millones de pesos para resarcir al Estado. Hoteles de lujo, estancias y complejos de departamentos irán a remate.
La Cámara de Casación busca recuperar 684.990 millones de pesos para resarcir al Estado. Hoteles de lujo, estancias y complejos de departamentos irán a remate.
La causa Vialidad ha ingresado en su etapa de mayor impacto económico. En un fallo que redefine la lucha contra la corrupción en Argentina, la Sala IV de la Cámara de Casación Penal ordenó la ejecución de 111 propiedades vinculadas a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, sus hijos Máximo y Florencia, y el empresario Lázaro Báez.
La medida busca recuperar la astronómica cifra de $684.990 millones, monto fijado para intentar reparar el daño causado por el fraude sistemático en la obra pública santacruceña.
Para los magistrados, la justicia no termina con la privación de la libertad o la inhabilitación para cargos públicos. En su resolución, los jueces fueron tajantes al afirmar que la respuesta estatal “no puede limitarse al valor simbólico de la condena”.
Según el fallo, la sanción solo adquiere verdadera eficacia institucional si logra neutralizar el beneficio económico obtenido de forma ilícita, lo que justifica el desapoderamiento de bienes de gran valor inmobiliario.
Dentro del listado de bienes a decomisar sobresalen activos que fueron pilares del crecimiento económico de la familia Kirchner. En esta primera etapa, perderán lo que la justicia define como “joyas de su patrimonio”, entre ellas el hotel boutique Los Sauces Casa Patagónica en El Calafate. Este complejo llegó a generar ingresos por alquileres de hasta 90.000 dólares mensuales.
Asimismo, el decomiso alcanza a un complejo de once departamentos en la calle Mitre de Río Gallegos y diversas parcelas en Punta Soberana.
La Justicia determinó que existe una “coincidencia temporal razonable” entre el fraude al Estado y el enriquecimiento de los acusados, lo que valida la ejecución incluso de bienes que habían sido cedidos a los hijos de la ex mandataria.
El mayor perjudicado en términos de volumen patrimonial es Lázaro Báez, quien perderá 84 propiedades a su nombre. Entre ellas figura la emblemática Chacra 39, un predio de 14.250 metros cuadrados que cuenta con gimnasio, hidromasajes y un invernadero de alta tecnología. Este lugar es recordado por haber sido el escenario de los partidos de fútbol de Néstor Kirchner.
El destino final de estos recursos quedará bajo la responsabilidad de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El máximo tribunal tendrá la misión de asignar estos fondos en una acción reparadora, con la posibilidad de que sean destinados a obras o beneficios para la ciudadanía de Santa Cruz, considerada la principal damnificada por las maniobras investigadas.
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