Antes de su presentación ante la Cámara de Diputados, el jefe de Gabinete envió un informe con 2.151 respuestas. El funcionario calificó de “confidencial” parte de su patrimonio, negó contrataciones directas con el periodista Marcelo Grandio y admitió que aún no presentó la declaración jurada por su nuevo cargo.
En la previa de su informe de gestión ante la Cámara de Diputados, Manuel Adorni remitió un extenso documento para responder los cuestionamientos de la oposición. El foco estuvo puesto en las denuncias por enriquecimiento ilícito y dádivas que tramitan en la justicia federal, vinculadas a su evolución patrimonial y a viajes financiados por terceros.
A pesar del volumen de información, el jefe de Gabinete mantuvo una línea de defensa basada en el carácter “reservado” de ciertos datos y en precisiones técnicas que eluden el fondo de las denuncias sobre su entorno familiar y comercial.
Viaje a Punta del Este: El Gobierno argumentó que no hubo obligación de registrarlo como “financiado por terceros” porque no fue una actividad académica. La justicia investiga si el periodista Marcelo Grandio pagó los USD 3.000 del vuelo.
Patrimonio “confidencial”: Adorni remitió a su DDJJ de 2024, señalando que los bienes de su esposa están en un Anexo Reservado. No dio detalles sobre el departamento de Caballito (USD 230.000) ni la casa en el country Indio Cuá.
Vínculo con Grandio: El informe afirma que RTA (TV Pública) no contrató al periodista. Sin embargo, la justicia detectó que su productora, Imhouse, firmó al menos seis contratos de coproducción con el Estado.
Giras presidenciales: El Gobierno declaró gastos por $425 millones en 13 viajes. Se confirmó que la esposa de Adorni viajó como “invitada” en la comitiva oficial a Miami y Nueva York en marzo de 2026.
Uno de los puntos más críticos del informe es la respuesta a la Pregunta N° 1535. El bloque de Unión por la Patria cuestionó por qué Adorni no presentó su DDJJ tras asumir como Jefe de Gabinete el 5 de noviembre de 2025, vencido el plazo legal de 30 días. La respuesta oficial admitió que “aún no venció el plazo”, amparándose en que la presentación anual ordinaria opera recién en julio de 2026.
Este “vacío” informativo permite que, legalmente, el incremento patrimonial denunciado (que la diputada Marcela Pagano estimó en un 500%) no figure todavía en los registros públicos de la Oficina Anticorrupción, manteniendo bajo reserva las adquisiciones inmobiliarias de finales de 2024 y 2025.
El informe también eludió precisiones sobre +BE, la consultora de la esposa de Adorni, Bettina Angeletti. Ante la pregunta sobre facturaciones a la empresa National Shipping S.A. (contratista de YPF) mientras Adorni ya era funcionario, el Gobierno respondió que no existen contratos de la consultora con el “Estado Nacional”.
Esta distinción técnica deja fuera de la respuesta a las empresas con participación estatal (como YPF), donde se concentran las sospechas de la oposición sobre presuntos conflictos de intereses y beneficios indirectos a través de capacitaciones privadas pagas.
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