El ministro de Economía, Luis Caputo, se prepara para ejecutar una nueva fase de la “motosierra” sobre la administración pública nacional. Ante un escenario de recesión persistente que hunde los ingresos del fisco, la Jefatura de Gabinete —bajo la órbita de Manuel Adorni— instruyó a todas las carteras ministeriales a presentar planes de recorte operativo para garantizar la meta de déficit cero.
La orden es tajante: recortar un 2% del gasto corriente y un 20% del gasto de capital. Aunque la directiva oficial del presidente Javier Milei es mantener la plantilla de empleados públicos, el congelamiento de fondos operativos y la negativa a otorgar aumentos salariales significativos profundizarán la licuación del poder adquisitivo del sector, que ya arrastra una caída del 20% real desde noviembre de 2023.
Ejes del nuevo ajuste presupuestario:
Leyes “sin fondos”: El Gobierno justifica la poda por el costo de las leyes de Financiamiento Universitario y de Discapacidad, que el Congreso ratificó pese a la resistencia oficial.
Recaudación en rojo: En marzo, los ingresos tributarios cayeron un 4,8% real, marcando la octava baja consecutiva por el desplome de importaciones y consumo.
Variables procíclicas: Preocupa el hundimiento en la recaudación de IVA e Impuesto al Cheque, termómetros directos de la parálisis económica.
Presión en la calle: El secretario de Hacienda, Carlos Guberman, se convirtió en el blanco de escraches con afiches que denuncian el ajuste en salud y discapacidad.
La paradoja de Washington vs. Buenos Aires
El endurecimiento del ajuste en territorio local contrasta con el discurso que el equipo económico llevó a las reuniones del FMI en Washington semanas atrás. Allí, Guberman había asegurado ante inversores que el Gobierno se sentía “cómodo con el nivel de gasto” y que el ajuste ya estaba hecho. Sin embargo, el deterioro de los ingresos obligó a una recalibración de emergencia.
La mecánica de la poda se formalizará la próxima semana mediante una decisión administrativa que establecerá “montos presupuestarios indicativos”. En la práctica, esto funciona como un cepo a los gastos diarios de los ministerios, afectando desde el mantenimiento de edificios hasta la operatividad de programas básicos.
El sector público como variable de ajuste
Mientras el Gobierno celebra un repunte en el sector privado no registrado, las estadísticas del SIPA y el INDEC confirman que los empleados del sector público han sido el segmento más afectado por la inflación. Con salarios estancados en los 80 puntos (tomando como base 100 el inicio de la gestión), el nuevo torniquete presupuestario busca evitar cualquier desvío en el superávit primario, aun a costa de paralizar la gestión diaria del Estado.