Ministerio de Capital Humano impuso multa de 21 mil millones de pesos a La Fraternidad. El Gobierno alegó incumplimiento de la conciliación obligatoria durante el conflicto de febrero, mientras el sindicato de maquinistas de trenes anunció que apelará judicialmente la medida.
El Poder Ejecutivo Nacional, a través de la Secretaría de Trabajo, formalizó una sanción económica de $21.241.500.000 contra el sindicato de conductores de trenes La Fraternidad. La medida administrativa surgió tras constatar que la organización liderada por Omar Maturano no acató la conciliación obligatoria dictada el 5 de febrero de 2026. Según el organismo oficial, el gremio mantuvo medidas de fuerza a pesar de la orden de retrotraer el conflicto salarial por un periodo de 15 días.
La resolución del Ministerio de Capital Humano calificó la infracción como “muy grave”, basándose en el régimen de sanciones laborales de la Ley 25.212. Esta normativa permite aplicar multas que oscilan entre el 50% y el 2000% del Salario Mínimo, Vital y Móvil por cada trabajador afectado. La cartera que dirige Sandra Pettovello sostuvo que el accionar gremial perjudicó el interés general al alterar la prestación de un servicio esencial.
Maturano rechazó la penalidad y confirmó que la institución recurrirá a los tribunales federales al considerar que la sanción carece de sustento legal. El dirigente ferroviario advirtió que la resolución podría derivar en un paro por tiempo indeterminado.
Paralelamente, la Confederación General del Trabajo (CGT) calificó la decisión oficial como un acto de persecución política, en un contexto de creciente tensión previo a las movilizaciones previstas para el 1° de mayo.
Paralelamente al conflicto legal, el sector ferroviario atraviesa una etapa de reducción en su capacidad operativa. Desde La Fraternidad informaron una disminución cercana al 33% en las frecuencias del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Entre los factores señalados figuran la escasez de repuestos, la falta de reemplazo de personal y una caída del 40% en el poder adquisitivo de los salarios del sector en términos reales.
Fuentes oficiales indicaron que en las próximas horas se anunciaría una sanción similar contra la Unión Tranviarios Automotor (UTA). En ese caso, la multa ascendería a 70 mil millones de pesos por presuntos incumplimientos similares durante la última huelga general.
El Gobierno argumentó que estas medidas buscan garantizar el cumplimiento de la normativa laboral vigente y proteger a los usuarios de los servicios estratégicos de transporte.
La resolución ministerial establece un precedente en la magnitud de las sanciones financieras aplicadas a organizaciones sindicales. El conflicto ahora se trasladará al ámbito judicial, donde se deberá determinar la validez del procedimiento administrativo. ¿Representa esta sanción un nuevo modelo de resolución de conflictos laborales o se convertirá en un extenso litigio judicial sin impacto inmediato en la recaudación estatal?
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