El Ejecutivo convalidó una actualización salarial de tres dígitos para la alta jerarquía estatal

El Gobierno autorizó aumentos salariales del 123% para más de mil funcionarios, con sueldos que alcanzarán los 8 millones de pesos en junio. La medida busca evitar fugas de personal, aunque contrasta con el congelamiento salarial que mantiene el presidente.

Gabinete, diputados, milei
Foto NA

Pese a la retórica de austeridad y el énfasis puesto por Javier Milei en su decisión personal de no percibir incrementos desde el inicio de su mandato, la realidad para la estructura política del Gobierno muestra un panorama financiero diferente. A partir del próximo mes de junio, una nómina superior a los mil jerarcas —que incluye desde ministros y secretarios hasta directores de empresas públicas y entes autárquicos— percibirá haberes brutos que rozan los 8 millones de pesos. Esta recomposición técnica, oficializada mediante el decreto 931/2025, implica una suba acumulada del 123,8% en el transcurso de los primeros cinco meses del año, revirtiendo el congelamiento que la administración había impuesto anteriormente a sus cuadros de conducción.

La normativa impulsada desde la Jefatura de Gabinete estableció que las remuneraciones de la cúpula política se ajusten en sintonía con las paritarias de los empleados públicos, incorporando de forma acumulativa los porcentajes otorgados durante 2024 y lo que va de 2025. Mientras que el jefe de Estado y su vicepresidenta, Victoria Villarruel, se mantienen fuera de este esquema con ingresos fijos cercanos a los 4 millones de pesos, sus colaboradores directos y la red de subsecretarías han visto sus haberes incrementarse drásticamente para evitar lo que en los despachos oficiales califican como una “fuga de talentos” y un desfasaje crítico frente a la inflación acumulada.

Desde el entorno presidencial defienden la medida como un “sinceramiento” necesario para otorgar valor a la responsabilidad de la firma pública, argumentando que los ingresos ministeriales estaban quedando rezagados no solo respecto a la suba de precios, sino también en comparación con las dietas del Poder Legislativo y los sueldos del Poder Judicial. El nuevo esquema salarial, refrendado por los titulares de las carteras de Interior y la propia Jefatura de Gabinete, incluye una cláusula de condicionalidad: los ajustes se encuentran estrictamente ligados a la preservación del superávit, por lo que cualquier alteración en el equilibrio de las cuentas fiscales resultaría en la suspensión inmediata de las futuras actualizaciones para la alta burocracia estatal.

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