La Justicia de Córdoba investiga un grave episodio institucional ocurrido en la localidad de San Francisco del Chañar. Según la denuncia presentada por el abogado Ignacio Almada Vargas, efectivos de la fuerza habrían obligado a una ciudadana, que se desempeña como modelo en plataformas de contenido para adultos, a mostrar videos e imágenes íntimas de su teléfono móvil. El incidente se produjo en el marco de una investigación por un presunto robo, donde la mujer fue citada a declarar.
Analía Cepede, fiscal de Deán Funes, encabeza la instrucción para determinar las responsabilidades del personal policial. La funcionaria judicial explicó que la prioridad es establecer en qué condición jurídica fue trasladada la mujer a la dependencia.
Cepede aclaró que, incluso bajo sospecha de delito, ningún ciudadano puede ser obligado a entregar su clave o exhibir el contenido de sus dispositivos sin una orden de un juez de control que autorice la apertura de la aparatología.
Almada Vargas, representante legal de la denunciante, sostuvo que su clienta sufrió un encerrona para forzar una autoincriminación. De acuerdo con su testimonio, los efectivos exigieron acceso a material privado que no guardaba relación alguna con el objeto de la causa penal. El letrado remarcó que la mujer no se encuentra imputada y calificó el accionar como un mal desempeño de los deberes de funcionario público.
El impacto emocional del suceso derivó en una crisis de salud mental para la víctima. La defensa confirmó que la mujer debió ser internada de urgencia tras un intento de suicidio posterior al interrogatorio.
Ante este escenario, se solicitó la intervención de la oficina de Violencia de Género de Jesús María para brindar acompañamiento profesional y garantizar la protección de la integridad de la denunciante durante el proceso.
Efectivos de la departamental también realizaron un allanamiento en el domicilio de la mujer, donde secuestraron dos teléfonos celulares y un vehículo. La fiscalía aguarda la recuperación de la víctima para tomar su declaración testimonial, pieza que será fundamental para determinar si el procedimiento se encuadró en un abuso de autoridad.
Los policías implicados podrían enfrentar cargos penales si se comprueba que vulneraron las garantías constitucionales de defensa y el derecho a la intimidad.