La justicia avaló la intervención de la UOM

La Cámara del Trabajo avaló las facultades del interventor Alberto Biglieri para designar representantes y negociar las paritarias de la UOM. Mientras el gremio exige una suba del 10%, las empresas buscan negociar desde cero bajo la incertidumbre de una apelación ante la Corte.

La justicia avaló la intervención de la UOM. Foto: Web.

Las deliberaciones salariales de la actividad metalúrgica comenzarán formalmente tras un período de parálisis motivado por las disputas de conducción en la Unión Obrera Metalúrgica. La Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo emitió un dictamen donde convalida de forma expresa las atribuciones del administrador judicial, Alberto Biglieri, para constituir la comitiva de representantes sindicales que se sentará frente a las patronales. La resolución del tribunal de alzada destraba los mecanismos de negociación colectiva que permanecían suspendidos luego de que el desplazamiento de las anteriores autoridades gremiales dejara en un vacío legal la representación de los trabajadores del sector.

La delegación sindical, conformada por secretarios seccionales de perfil crítico a la conducción desplazada de Abel Furlán, asistirá a las reuniones con la premisa de exigir una compensación del diez por ciento orientada a subsanar el desfasaje inflacionario del trimestre previo. No obstante, las distintas entidades patronales del rubro anticiparon que pretenden revisar los esquemas de actualización desde cero, argumentando que las entregas previas de dinero en algunas fábricas constituyeron únicamente adelantos voluntarios a cuenta y no compromisos de cumplimiento obligatorio generalizado. Los empresarios concentran sus objetivos en coordinar discusiones específicas por ramas de actividad, buscando flexibilizar las condiciones de contratación vigentes bajo el nuevo marco de la reforma laboral.

El pronunciamiento del magistrado Víctor Pesino subsanó un vacío interpretativo originado por las áreas técnicas del Ministerio de Capital Humano, las cuales habían condicionado el reconocimiento de los paritarios alegando dudas sobre el alcance del mandato del interventor. Al reafirmar que las potestades de administración e institucionalidad incluyen la firma de acuerdos convencionales, la Justicia propinó un revés a la facción desplazada de la conducción, que pretendía circunscribir las tareas de Biglieri exclusivamente a la convocatoria a elecciones. A pesar de este avance, el conflicto sectorial mantiene un final abierto debido a que los apoderados del sector desplazado recurrieron mediante un recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia, un escenario que genera recelos tanto en los sindicatos como en las firmas fabriles ante el riesgo de que un fallo supremo anule lo pactado en las próximas semanas.

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