El Ministerio de Salud busca reformar la Ley de Ejercicio de la Medicina para que solo especialistas prescriban fármacos específicos. La medida apunta a racionalizar el gasto en remedios de alto costo y reducir la saturación judicial por amparos sanitarios.
En un intento por optimizar la administración de recursos sanitarios y frenar la escalada de demandas judiciales, el Ministerio de Salud de la Nación proyecta una actualización profunda de la normativa que regula la actividad médica, vigente desde hace casi seis décadas. El eje de la propuesta, adelantado por el titular de la cartera, Mario Lugones, busca terminar con la facultad actual que permite a cualquier graduado en medicina recetar medicamentos de toda índole. Bajo el nuevo esquema, solo los expertos con formación validada en una patología específica estarían habilitados para autorizar tratamientos complejos, especialmente aquellos de valor económico elevado que impactan de manera crítica en las arcas de la seguridad social.
Este anuncio se produjo durante un encuentro con diversos sectores del ámbito jurídico y sanitario, donde se analizó el Procedimiento de Mediación Prejudicial en Materia de Salud, una herramienta que ha logrado acuerdos en la mitad de los conflictos abordados. Las autoridades advirtieron que la falta de filtros en las prescripciones actuales satura los juzgados federales, donde una mayoría abrumadora de las causas diarias corresponde a amparos por prestaciones. Los magistrados señalaron que, ante la ausencia de organismos técnicos que evalúen la eficiencia de las terapias y la presión por la urgencia de los pacientes, tienden a fallar sistemáticamente a favor de los demandantes para resguardar el derecho a la vida.
Paralelamente, el organismo rector del sistema de salud alertó que los fármacos de alta complejidad ya consumen un porcentaje desmedido de los presupuestos, lo que pone en riesgo la sostenibilidad del modelo. Como respuesta, además de la restricción en las recetas, el Poder Ejecutivo trabaja en la reformulación de la canasta básica de prestaciones obligatorias y en la puesta en marcha de una oficina técnica dentro de la ANMAT para analizar la cobertura de nuevas tecnologías. En el plano legislativo, también se estudia un proyecto de ley para transformar las mediaciones previas en una etapa forzosa, buscando agotar las instancias de diálogo antes de recurrir a la vía judicial.
Lo hizo a través de una carta dirigida al Ministerio de Economía, en la cual también solicitó “el mismo trato que agroexportadoras, petroleras y mineras”.
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