La jueza Macarena Marra Giménez dejó sin efecto la medida cautelar que mantenía suspendida gran parte de la modernización laboral. El fallo considera un “abuso” la interrupción de la ley y traslada la disputa al fuero Contencioso Administrativo.
La jueza Macarena Marra Giménez dejó sin efecto la medida cautelar que mantenía suspendida gran parte de la modernización laboral. El fallo considera un “abuso” la interrupción de la ley y traslada la disputa al fuero Contencioso Administrativo.
La pulseada judicial por la reforma laboral sumó un capítulo determinante a favor del Gobierno nacional. La jueza federal Macarena Marra Giménez, del fuero Contencioso Administrativo, resolvió dejar sin efecto la medida cautelar que mantenía en suspenso 81 artículos de la Ley de Modernización Laboral aprobada el pasado 28 de febrero.
Puntos clave del fallo:
Decisión: Se levanta la suspensión que pesaba sobre la normativa a pedido de la CGT.
Argumento: La jueza calificó como un “claro abuso” la suspensión masiva de artículos mediante una medida precautoria.
Competencia: El caso deja el fuero Laboral y se concentrará en el Contencioso Administrativo Federal como proceso colectivo.
La resolución de Marra Giménez ocurre luego de una intensa batalla de competencias. La CGT pretendía que la causa permaneciera en la Justicia Nacional del Trabajo, bajo el argumento de que “una causa laboral debe ser resuelta por especialistas”. Sin embargo, la Cámara Federal determinó que, al tratarse de una impugnación contra una ley nacional y actos del Estado, el fuero correspondiente es el Contencioso Administrativo.
Al tomar el mando del expediente, la jueza no solo reactivó la ley, sino que también apartó al juez laboral de primera instancia, Horacio Raúl Ojeda, quien había dictado la cautelar original. Para la magistrada, la complejidad de la reforma requiere un análisis de fondo que solo puede resolverse en una sentencia definitiva, y no mediante parches judiciales que frenen la voluntad del Congreso.
Este nuevo escenario se produce apenas 24 horas después de que la Corte Suprema de Justicia rechazara un recurso de per saltum presentado por el Gobierno. El máximo tribunal había decidido no intervenir de manera directa, enviando el mensaje de que las instancias inferiores debían resolver la cuestión. Con el fallo de hoy, el Ejecutivo logra su objetivo de mínima: que la ley recupere su vigencia plena mientras el juicio continúa.
Desde la central obrera ya adelantaron que apelarán la medida, insistiendo en la inconstitucionalidad de los artículos que modifican las indemnizaciones, el período de prueba y las multas por falta de registro, entre otros puntos. No obstante, mientras la causa escala nuevamente hacia la Corte, el marco normativo de la “modernización laboral” vuelve a estar operativo en todo el territorio nacional.
Para el Gobierno, este fallo representa un espaldarazo a la seguridad jurídica necesaria para atraer inversiones bajo el régimen del RIGI. La vigencia de la Ley 27.802 es considerada un pilar fundamental del plan económico de la gestión libertaria, que busca reducir la litigiosidad laboral y fomentar la creación de empleo privado genuino.
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