El fiscal Ramiro González abrió una investigación penal contra el exjefe de asesores de Javier Milei. Se rastrean consumos por 50 millones de pesos en hoteles de lujo, tiendas de ropa y hasta un pub en España realizados con fondos de la empresa estatal Nucleoeléctrica.
El economista Demian Reidel, quien fuera una de las figuras más cercanas al presidente Milei en el inicio de su gestión, quedó formalmente imputado en una causa que investiga el uso irregular de fondos públicos. La justicia busca determinar si Reidel y otros directivos de Nucleoeléctrica Argentina S.A. utilizaron tarjetas corporativas para sufragar gastos personales de lujo durante viajes al exterior entre marzo de 2025 y febrero de 2026.
El “tour” de gastos bajo la lupa:
Free Shops: 35 consumos solo en Ezeiza (US$ 4.425) y compras en aeropuertos de Corea del Sur, Alemania e Italia.
Ocio y Playa: Pagos en el pub “El Pirata” (España) por US$ 765 y servicios de playa en Valencia.
Indumentaria: Compras en Primark, Adidas (India e Estambul) y El Corte Inglés.
Cifra total: Se estima un gasto global de 50 millones de pesos, incluyendo extracciones de dólares en efectivo.
La investigación se disparó tras el informe de gestión que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, presentó en la Cámara de Diputados, donde se detallaron los movimientos de la cuenta corporativa N° 338402. La diputada Marcela Pagano —quien también impulsó la causa contra el propio Adorni por enriquecimiento ilícito— presentó la denuncia por malversación de caudales públicos y abuso de autoridad.
El fiscal Ramiro González solicitó al juez Sebastián Ramos que el banco emisor identifique a cada usuario de los “plásticos” asociados a la cuenta estatal. Aunque la empresa Nucleoeléctrica argumentó que los gastos están auditados y se ajustan a los topes de viáticos vigentes, la fiscalía sospecha que los rubros (discotecas, tiendas de ropa económica y supermercados) son incompatibles con misiones oficiales de carácter nuclear.
Demian Reidel renunció a la presidencia de la compañía en febrero de este año, en medio de denuncias cruzadas por sobreprecios. Tras conocerse su imputación, el economista utilizó sus redes sociales para defenderse: “Mis resúmenes no muestran ningún gasto personal. Los artículos mezclan datos de todas las tarjetas de la empresa”, sostuvo en X, calificando las acusaciones como una operación de “mala fe”.
Sin embargo, el fiscal González extendió la imputación a todos los integrantes del Directorio y de la Sindicatura de la sociedad estatal que estuvieron en funciones durante el período auditado. La justicia busca ahora el “vínculo” exacto entre cada compra realizada en ciudades como Madrid, Seúl o Viena y la agenda oficial de los funcionarios para determinar si existió una defraudación contra la administración pública.
Entre las medidas solicitadas, se destaca el pedido de los resúmenes detallados de las 103 tarjetas corporativas que posee la empresa. El fiscal quiere precisar quién autorizó las extracciones en moneda extranjera y por qué se utilizaron fondos públicos para compras en tiendas como Decathlon o consumos en el Metro de Madrid.
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