El fiscal Gerardo Pollicita rechazó la acusación del Gobierno por las filmaciones con lentes inteligentes en Casa Rosada. Determinó que las imágenes no revelaron secretos de Estado y que el hecho carece de relevancia jurídico-penal para la seguridad nacional.
El fiscal federal, Gerardo Pollicita, pidió este martes desestimar la denuncia que la Casa Militar presentó contra los periodistas Luciana Geuna e Ignacio Salerno. El representante del Ministerio Público consideró que el informe televisivo realizado en la sede gubernamental no configuró delitos vinculados a la revelación de secretos políticos o militares.
La controversia comenzó cuando el jefe de la Casa Militar, Sebastián Ignacio Ibáñez, acusó al equipo del canal TN de realizar grabaciones subrepticias. Según la presentación oficial, el uso de “lentes inteligentes” para registrar pasillos y despachos representaba una vulneración a la seguridad nacional, agravada por el contexto de tensión internacional. Ante este escenario, el Poder Ejecutivo suspendió las acreditaciones de los cronistas involucrados y revisó el sistema de acceso a la Casa de Gobierno.
Tras analizar el material crudo y la emisión del programa, Pollicita concluyó que la actividad efectivamente realizada no coincidió con la gravedad relatada en la denuncia.
El dictamen subrayó que el periodista Salerno captó imágenes de espacios públicos y aspectos generales del funcionamiento del edificio que ya se encuentran disponibles en plataformas digitales como Google Maps o YouTube.
El funcionario judicial remarcó que en las grabaciones solo se observaron pasillos vacíos, personal de seguridad y personas circulando ocasionalmente. En su argumentación, señaló que no se acreditaron registros de cronogramas de reuniones, patrones de comportamiento de la custodia ni movimientos del primer mandatario, Javier Milei, quien se encontraba en un viaje oficial en Israel durante los hechos.
Pese a descartar el carácter penal, el fiscal reconoció que la conducta pudo ser profesional o éticamente reprochable. No obstante, sostuvo que tales infracciones ya encontraron respuesta en el ámbito administrativo.
La Secretaría General de la Presidencia dio de baja la huella biométrica de los involucrados y los excluyó de la lista de acreditados para el año 2026, amparándose en el incumplimiento de las normas de seguridad interna.
La resolución destacó que el Derecho Penal debe funcionar como el último recurso del Estado y no para sancionar faltas administrativas. Al no verificarse una perturbación sustancial a la seguridad del país, el fiscal solicitó el archivo de las actuaciones por inexistencia de ilícito.
Este episodio reabrió el debate sobre los límites de la libertad de prensa en edificios públicos. Mientras las entidades periodísticas manifestaron su rechazo a las restricciones de acceso, el dictamen judicial dejó planteada una interrogante sobre cómo deben convivir los nuevos dispositivos tecnológicos de registro con los protocolos de protección de las instituciones nacionales.
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