La justicia chaqueña acusó a Lidia Mabel Ojeda por la muerte de un paciente en Quitilipi. La mujer, que utilizaba una matrícula usurpada, atendió a más de 1200 personas y firmó nueve actas de defunción en hospitales públicos.
La justicia chaqueña acusó a Lidia Mabel Ojeda por la muerte de un paciente en Quitilipi. La mujer, que utilizaba una matrícula usurpada, atendió a más de 1200 personas y firmó nueve actas de defunción en hospitales públicos.
La situación judicial de Lidia Mabel Ojeda se agravó este martes tras la notificación formal de su imputación por homicidio con dolo eventual, usurpación de títulos y ejercicio ilegal de la medicina.
El fiscal Marcelo Soto investiga la responsabilidad directa de la mujer en el fallecimiento de un hombre de 63 años, ocurrido el 21 de diciembre de 2025 en el Hospital Dr. Emilio F. Rodríguez. Durante la audiencia, la acusada optó por su derecho a no declarar y permanece bajo custodia mientras se define su prisión preventiva.
El caso tomó relevancia pública luego de que las autoridades sanitarias detectaran irregularidades en el desempeño de la supuesta profesional. Ojeda, de 43 años, se desempeñaba originalmente como docente de Plástica, pero lograba trabajar en centros de salud utilizando la identidad y la matrícula profesional 6822, perteneciente al médico Horacio Daniel Vázquez. Bajo esa identidad falsa, la imputada cumplía guardias activas y realizaba atenciones clínicas desde mayo de 2025.
Uno de los ejes que analiza la fiscalía es la vulnerabilidad de los controles administrativos en el sistema de salud provincial. Según los informes internos recabados hasta el momento, no existían registros de Ojeda en el Ministerio de Salud de Chaco.
Las contrataciones directas se habrían efectuado por las direcciones de los hospitales, lo que permitió que la mujer ejerciera sin que se cotejaran sus antecedentes en las bases de datos centrales.
Investigadores realizaron un allanamiento en la vivienda de la acusada, donde hallaron uniformes, insumos médicos y un sello oficial del hospital de Quitilipi. Asimismo, se encontraron restos de documentación quemada que podría estar vinculada a su actividad ilegal.
Las sospechas iniciales surgieron del propio personal de enfermería y medicina, quienes reportaron que la supuesta colega carecía de conocimientos técnicos básicos para la atención de pacientes.
La magnitud del ejercicio ilegal de la medicina alcanzó a más de 1200 pacientes atendidos solo en el hospital de Quitilipi. Además del fallecimiento bajo investigación, comenzaron a surgir testimonios de otras presuntas negligencias médicas, como el caso de un hombre que sufrió la amputación de una extremidad tras recibir tratamiento por parte de la imputada. No obstante, estas situaciones aún no cuentan con denuncias penales formalizadas en el expediente actual.
El Ministerio Público tiene ahora un plazo de diez días para resolver la situación procesal de Ojeda.
Paralelamente, la investigación busca determinar si existieron responsabilidades compartidas por parte de los directores de los establecimientos sanitarios que permitieron su ingreso y permanencia en las guardias médicas. ¿Cómo pudo sostenerse esta situación durante meses sin que los mecanismos de control estatales detectaran la usurpación de una matrícula profesional?
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