Con más de 16.000 damnificados en la calle, las tareas de rescate entran en su etapa crítica y las autoridades aceleran la remoción de escombros.
Con más de 16.000 damnificados en la calle, las tareas de rescate entran en su etapa crítica y las autoridades aceleran la remoción de escombros.
A diez días del doble terremoto de magnitud 7,2 y 7,5 que golpeó el norte de Venezuela el pasado 24 de junio, el gobierno nacional difundió un nuevo y desgarrador balance oficial. Al menos 2.954 personas murieron y 16.592 resultaron heridas, registrando un dramático incremento respecto a los informes previos, mientras el país intenta asimilar la peor catástrofe natural en décadas.
El estado costero de La Guaira, un balneario ubicado a tan solo 40 kilómetros de Caracas, se ha convertido en el epicentro del desastre. Los sismos redujeron a polvo edificios enteros y dejaron a más de 16.000 personas sin vivienda. Los damnificados se encuentran viviendo de forma precaria en las calles o en refugios improvisados en parques públicos.
Aunque el Ejecutivo no ha ofrecido cifras oficiales de desaparecidos, la situación humanitaria es crítica y la Organización de las Naciones Unidas (ONU) estima que las víctimas bajo los escombros podrían ascender a 50.000. En paralelo, los familiares exigen intensificar la búsqueda en estructuras colapsadas para no apagar la esperanza.
A pesar de que las probabilidades de hallar supervivientes se reducen al mínimo, las prioridades gubernamentales se concentran hoy en la remoción de escombros y la evaluación técnica de las infraestructuras civiles para evitar nuevos colapsos. En La Guaira, donde persisten graves fallas en los servicios de telecomunicaciones, los equipos del Ministerio de Transporte realizan tareas urgentes.
La ministra del área, Jacqueline Faría, informó que el personal de su cartera “se mantiene desplegado” ejecutando labores de asfaltado y reparación en el puente del sector Caraballeda, una de las zonas más golpeadas por la catástrofe.
El impacto también alcanzó a Caracas, aunque con menor intensidad destructiva que en el litoral central. Con el fin de restaurar los accesos y garantizar el libre tránsito de asistencia, el gobierno se encuentra “reponiendo las condiciones de seguridad vial en las infraestructuras“, según detalló Faría, mediante la “colocación de barandas, asfaltado y mantenimiento en las juntas de dilatación”.
Mientras tanto, miles de ciudadanos acampan en espacios abiertos a la espera de inspecciones que certifiquen si sus hogares son habitables o representan un peligro inminente de derrumbe.
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