Tras la masiva marcha federal, la UBA exigió a la Corte Suprema la aplicación urgente de la Ley de Financiamiento Universitario. Las autoridades denunciaron un recorte presupuestario del 45% y una pérdida salarial crítica que pone en riesgo la educación pública.
Tras el rotundo respaldo ciudadano obtenido en la cuarta movilización federal, la conducción de la UBA formalizó un pedido de pronto despacho ante la Corte Suprema para que convalide la Ley de Financiamiento Universitario. El organismo académico busca que la justicia declare la plena operatividad de la normativa Nº 27.795, cuya aplicación es resistida por el Poder Ejecutivo, con el fin de salvaguardar la excelencia académica, la labor científica y la infraestructura de los centros de salud dependientes del sistema estatal. En su resolución, las autoridades universitarias destacaron que la multitudinaria convocatoria nacional refleja un contrato social inquebrantable en defensa de la gratuidad y el acceso a la educación superior.
El reclamo institucional pone el foco en el ahogo financiero que sufre el sector, denunciando un recorte presupuestario cercano al 45% bajo la actual gestión de Javier Milei. Desde las casas de estudio advierten que el incumplimiento de la norma constitucional no solo paraliza obras de mantenimiento, sino que ha provocado una fuga de docentes y profesionales debido a un atraso salarial crítico. Según estimaciones del Consejo Interuniversitario Nacional, el poder de compra de los trabajadores del área sufrió un desplome del 37% en poco más de dos años, situando a una gran proporción del personal por debajo de la línea de pobreza y comprometiendo el normal funcionamiento de las cátedras.
Ante este escenario de asfixia económica, la UBA instó también a los jueces de primera instancia a resolver el fondo de las causas judiciales vigentes para obligar al Gobierno a transferir los recursos que la ley establece. El documento conjunto, respaldado por gremios y organizaciones estudiantiles, recalca que la educación pública es un pilar fundamental para el progreso productivo del país que no puede quedar supeditado a metas de equilibrio fiscal. Con el apoyo de la masiva participación popular del martes, el sistema universitario espera ahora que el Poder Judicial actúe como árbitro para garantizar la supervivencia de una institución que la sociedad argentina considera prioritaria y estratégica.
Los precios del petróleo cayeron ante la expectativa de que el encuentro entre Donald Trump y Xi Jinping logre el desbloqueo del estrecho de Ormuz. La diplomacia china y el uso de reservas mundiales buscan frenar la volatilidad energética global.
María Laura Torre sucederá a Roberto Baradel en la conducción de SUTEBA tras imponerse con el 76% de los votos. El oficialismo retuvo el gremio y enfrentará el desafío de recomponer salarios y resistir las reformas educativas del Gobierno nacional.
El Banco Central proyecta una pronta desaceleración inflacionaria que permitirá inyectar pesos en la economía según crezca la demanda real. Tras un fuerte ajuste monetario, la entidad apuesta a que la estabilidad de precios facilite la compra de reservas internacionales.
El Senado de EE. UU. confirmó a Kevin Warsh como nuevo presidente de la Reserva Federal. Pese a su cercanía con Donald Trump y la presión por bajar tasas, Warsh prometió independencia técnica para combatir la inflación más alta en tres años.
El canciller Pablo Quirno presentó el RIGI ante empresarios como un blindaje que garantiza estabilidad a largo plazo. Destacó que el régimen protege las inversiones frente a futuros controles cambiarios, limitando el margen de maniobra de próximos gobiernos y asegurando previsibilidad.
Luis Caputo recibirá a la UIA para tratar la creación de un régimen de incentivos para empresas medianas. La central fabril busca equilibrar la competencia ante la apertura económica y reactivar la producción manufacturera, que registra caídas en sectores clave.
Bloques opositores reprogramaron para el 20 de mayo la sesión para interpelar a Manuel Adorni, Luis Caputo y Sandra Pettovello. El nuevo temario busca garantizar el quórum e incluye proyectos sobre financiamiento universitario, medicamentos del PAMI y ampliación de licencias parentales.
Maximiliano Pullaro se reunió en Rosario con sus pares de Mendoza, Corrientes y Chubut para fortalecer una agenda federal. El bloque de gobernadores reclamó obras de infraestructura y mayor protagonismo para el interior productivo como motores del desarrollo económico nacional.
