Villarruel cuestionó las supuestas anomalías en las adquisiciones del Ministerio de Defensa

La vicepresidenta Victoria Villarruel criticó duramente al Ministerio de Defensa por la compra de un avión Embraer con supuestos sobreprecios y fallas mecánicas. Cuestionó el gasto ante la crisis salarial militar, mientras el exministro Luis Petri se desmarcó afirmando haber denunciado el hecho.

Victoria Villarruel. Foto: NA

El distanciamiento institucional entre los dos máximos referentes del Poder Ejecutivo Nacional sumó un episodio de alta repercusión pública a raíz de los cuestionamientos vinculados a la transparencia en las contrataciones militares. La titular del Senado utilizó sus plataformas digitales para manifestar su indignación ante las presuntas irregularidades detectadas en la incorporación de una unidad aérea para las fuerzas de seguridad, sugiriendo que en épocas anteriores tales anomalías hubiesen provocado la inmediata dimisión de los responsables. Las objeciones de la vicepresidenta apuntaron a la contradicción existente entre el destino de millonarias partidas presupuestarias para material logístico bajo sospecha y el actual estado de vulnerabilidad salarial de las dotaciones castrenses, sumado al colapso prestacional que atraviesa la cobertura médica del sector por deudas acumuladas.

El foco del conflicto radica en la auditoría sobre la compra de un avión de transporte Embraer, cuyo valor final abonado por el Estado rozó los cuatro millones de dólares, cifra que de acuerdo a las denuncias cuadruplica las tasaciones del mercado internacional para modelos idénticos de firmas competidoras. Los relevamientos posteriores de los peritos revelaron deficiencias estructurales graves en el fuselaje, fallas de mantenimiento mecánico e incluso inconsistencias temporales en el proceso de matriculación y pintura oficial, el cual se habría ejecutado con anterioridad a la conclusión formal de los trámites licitatorios. La utilización de mecanismos de pago transnacionales mediante cuentas de depósito en garantía redujo el control fiscal sobre las transacciones, acelerando un concurso de oferentes que se resolvió en plazos exiguos.

Ante la escalada de la controversia, el diputado nacional y ex titular de la cartera de Defensa, Luis Petri, intervino públicamente para deslindar su responsabilidad y la de la gestión de la Casa Rosada en los hechos señalados. El legislador aseguró haber judicializado de forma penal las sospechas administrativas en los tribunales federales a finales de la temporada anterior, apenas tuvo indicios del informe de investigación. Este expediente por supuestas malversaciones se acopla a las pesquisas judiciales en curso que evalúan otras cuatro transacciones de aeronaves realizadas por la Fuerza Aérea en los últimos años, consolidando un escenario de fuerte confrontación política que debilita el frente interno gubernamental.

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