La ministra de Seguridad proyectó la eliminación de visas para principios de 2027. La integración de bases de datos y el control fronterizo, piezas clave del acuerdo.
La ministra de Seguridad proyectó la eliminación de visas para principios de 2027. La integración de bases de datos y el control fronterizo, piezas clave del acuerdo.
El objetivo de ingresar al Programa de Exención de Visa (Visa Waiver Program) de los Estados Unidos ha dejado de ser una aspiración abstracta para convertirse en una hoja de ruta con plazos concretos. La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, confirmó que el Gobierno nacional trabaja activamente para que los ciudadanos argentinos puedan viajar al país norteamericano por turismo o negocios —por estadías de hasta 90 días— sin necesidad de tramitar la visa consular a partir de los primeros meses de 2027.
La hoja de ruta para alcanzar este estatus de “socio estratégico” de Washington no depende solo de la voluntad política, sino de un complejo proceso de homologación técnica. Según detalló la funcionaria, la Cancillería, el Ministerio del Interior y el Renaper trabajan de manera coordinada en la trazabilidad de los procesos y el registro de información. La reciente visita de la subsecretaria de Asuntos Consulares de EE. UU. a Buenos Aires ratificó que el monitoreo de los avances es permanente. El éxito de la gestión se mide por la capacidad de Argentina de garantizar estándares de seguridad biométrica y digital que den certeza al gobierno estadounidense sobre quiénes cruzan sus fronteras.
La relación entre Washington y Buenos Aires se ha estrechado bajo la premisa de la lucha conjunta contra el crimen transnacional. En este sentido, la cooperación no se limita únicamente a la burocracia migratoria. El Gobierno argentino busca capitalizar su despliegue en la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo para ganar la confianza de la administración norteamericana, un factor determinante para la aprobación final del programa.
En el marco de esta cooperación, la seguridad en eventos internacionales ha cobrado un rol central. Ante la proximidad del Mundial 2026, la cartera de Seguridad implementó una política de restricción de acceso a estadios que pone a prueba la eficacia de los sistemas de información argentinos. La base de datos compartida por el programa Tribuna Segura incluye a cerca de 34.000 personas, una cifra que agrupa a individuos con antecedentes de violencia en el fútbol y a deudores alimentarios morosos, estos últimos fruto de un convenio con la Ciudad de Buenos Aires. El mensaje es claro: la capacidad de Argentina para controlar a sus ciudadanos en el extranjero es el aval que presentará ante la embajada para demostrar que el país es un entorno seguro para sus socios.
Mientras las negociaciones internacionales avanzan, la gestión de Monteoliva se concentra también en objetivos internos que refuerzan su perfil operativo. Entre las prioridades figuran la recomposición salarial de las fuerzas de seguridad y la reestructuración del servicio de salud para el personal militar y de seguridad tras la disolución del Iosfa, una medida que el Gobierno califica como un “antes y un después”. En paralelo, la política de control penitenciario continúa con la destrucción sistemática de dispositivos móviles encontrados en las unidades de detención. Con más de 4.500 celulares destruidos, la administración busca cortar el brazo de mando que operaba desde las cárceles, consolidando una gestión que utiliza el orden interno como principal carta de presentación ante la comunidad internacional.
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