Las pruebas encontradas por la Justicia apuntan contra Miguel Ángel Calvete un operador externo que intermediaba en las compras y operaciones del organismo y se quedaba con parte de lo producido.
Las pruebas encontradas por la Justicia apuntan contra Miguel Ángel Calvete un operador externo que intermediaba en las compras y operaciones del organismo y se quedaba con parte de lo producido.
La Justicia que investiga presuntos sobreprecios y coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) encontró nuevas pruebas, que permiten inferir que los intermediarios que intervenían en las compras de materiales se quedaban hasta con un 20% de las operaciones realizadas por el organismo.
Según publicó La Nación, la Justicia detectó coincidencias entre las compras del organismo y las anotaciones de un lobista sospechado de quedarse con la quinta parte del dinero que les correspondía a las contratistas a cambio de ofrecerles participar en las licitaciones.
Las pruebas encontradas apuntan contra Miguel Ángel Calvete, un operador externo que intermediaba en las compras y operaciones del organismo y se quedaba con parte de lo producido.
En una de las notas encontradas, enviada a Calvete por una empresa, se puede leer “Miguel $6.600.000″, otra con “Guadalupe $1.650.000″ y una más con “Cobrado el 30/6″, todas en la misma fecha y en las que las cifras representan el 20% del total de las operaciones de esa firma.
El rol de Calvete fue central, a juicio del fiscal Fanco Picardi, para la estructura de corrupción en la cual, sin ser funcionario de la ANDIS, “habría articulado adjudicaciones ilegales y se habría beneficiado de retornos derivados de las contrataciones”.
Calvete tenía diálogo con funcionarios de la Andis que lo mantenían al tanto de sus pagos, según consta en el expediente
Por ejemplo, el exdirector de Acceso a los Servicios de Salud del área, Daniel Garbellini le envió en un mensaje: “Sus ofrendas de esta semana”. El texto acompañaba una lista de 10 contratistas del Estado con la suma de $2.021 millones.
Ese mismo día, 24 de julio de 2025, el organismo emitió 16 certificados de pago a las mismas empresas allí mencionadas. Todas ellas suman una cifra idéntica ($2021 millones), tal como surge de un pedido de acceso a la información pública realizado por el mismo diario.
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