Protestas en Bolivia por la crisis económica derivaron en choques en La Paz contra el gobierno de Rodrigo Paz. El presidente redujo su sueldo un 50%, pero las centrales obreras mantienen bloqueos exigiendo mejoras salariales y combustibles de calidad.
Las calles de la sede gubernamental boliviana se convirtieron nuevamente en un escenario de violentos enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y columnas de manifestantes, en un conflicto que ya se extiende por casi un mes. El foco de la discordia se concentra en el rechazo generalizado hacia las reformas de corte desregulatorio impulsadas por el mandatario Rodrigo Paz, quien cumplió un semestre al frente del Poder Ejecutivo en un contexto de profunda recesión, la más grave que registra la nación andina en los últimos cuarenta años. Las agrupaciones gremiales y vecinales exigen una recomposición de los ingresos frente a la devaluación y denuncian graves deficiencias en el abastecimiento de combustibles que afectaron severamente al parque automotor. En respuesta a las movilizaciones, el jefe de Estado anunció desde la capital constitucional de Sucre una poda a la mitad de sus haberes y los de su gabinete ministerial, un gesto de austeridad que los sectores movilizados consideraron intrascendente frente al pliego de demandas estructurales.
La movilización, que congregó a trabajadores metalúrgicos, choferes y colectivos agrarios, descendió desde las zonas altas circundantes con la intención de tomar los accesos principales a las oficinas del Ejecutivo. El cordón de la policía militarizada bloqueó el paso de la vanguardia obrera utilizando agentes químicos de dispersión, desatando una batalla campal donde los manifestantes respondieron con proyectiles improvisados, artefactos pirotécnicos y detonaciones menores, lo que arrojó un saldo de múltiples detenciones en el perímetro central. A pesar del repliegue vespertino y la paulatina normalización de la circulación peatonal, los canales de negociación permanecen totalmente interrumpidos ante la negativa de las autoridades de entablar conversaciones con las facciones más combativas, a las que acusan de propiciar una ruptura institucional en el país.
El oficialismo de centroderecha cuenta con el respaldo diplomático de varias administraciones de la región y de la Casa Blanca, al tiempo que atribuye la agitación civil a una estrategia de desestabilización coordinada desde la clandestinidad por el exmandatario Evo Morales, quien enfrenta requerimientos de la justicia ordinaria. Desde los refugios opositores, se ha instado públicamente al adelantamiento de los comicios generales como la única vía para zanjar el vacío de legitimidad, mientras los bloqueos de rutas nacionales coordinados por las centrales obreras continúan asfixiando el abastecimiento en medio centenar de puntos estratégicos del territorio nacional.
El diputado Pablo Juliano presentó un proyecto con 91 preguntas al canciller. Pide saber si el Gobierno conocía la prohibición judicial brasileña, si Santiago Caputo estuvo en Puerto Iguazú y quién contrató el avión privado.
La cría nació hace más de una semana frente al Instituto Unzué y ya superó las primeras 72 horas, el período más crítico. Un equipo de guardaparques y científicos la monitorea a diario y pide a los vecinos no acercarse.
El Consejo Directivo del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) exoneró a Virginia Aparicio, la investigadora que coordinó en Argentina el proyecto europeo SPRINT sobre residuos de agroquímicos. El organismo habla de faltas administrativas. Ella y buena parte de la comunidad científica, de persecución.
A pocos días de la llegada del Papa León XIV, Luis Astorga, carpintero de profesión, relata la intimidad de haber fabricado en su taller de barrio Las Palmas los dos sillones de paraíso que utilizará el pontífice en Córdoba.
A través de una publicación en X, el ministerio de Relaciones Internacionales mostró su solidaridad y acompañamiento al pueblo Español.
El senador brasileño aterrizó este miércoles en Florida junto a su familia. Cruzó a la Argentina por Iguazú, salió del país en un avión privado y hizo escala en Guayaquil. La Justicia de Brasil le había prohibido salir y canceló sus pasaportes.
Tenía 74 años y vivía en Pujato, Santa Fe, donde trabajó en el Juzgado de Paz. Atravesaba problemas de salud desde hacía varios años. El entrenador de la Selección le había dedicado públicamente varios de sus títulos.
El grave accidente ferroviario de alta velocidad registrado en Toledo deja consternación institucional tras el mensaje de apoyo del Rey a los afectados y abre una creciente inquietud en las filas del Partido Popular, que aún no logra contactar con Fátima Báñez.
