Protestas en Bolivia por la crisis económica derivaron en choques en La Paz contra el gobierno de Rodrigo Paz. El presidente redujo su sueldo un 50%, pero las centrales obreras mantienen bloqueos exigiendo mejoras salariales y combustibles de calidad.
Las calles de la sede gubernamental boliviana se convirtieron nuevamente en un escenario de violentos enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y columnas de manifestantes, en un conflicto que ya se extiende por casi un mes. El foco de la discordia se concentra en el rechazo generalizado hacia las reformas de corte desregulatorio impulsadas por el mandatario Rodrigo Paz, quien cumplió un semestre al frente del Poder Ejecutivo en un contexto de profunda recesión, la más grave que registra la nación andina en los últimos cuarenta años. Las agrupaciones gremiales y vecinales exigen una recomposición de los ingresos frente a la devaluación y denuncian graves deficiencias en el abastecimiento de combustibles que afectaron severamente al parque automotor. En respuesta a las movilizaciones, el jefe de Estado anunció desde la capital constitucional de Sucre una poda a la mitad de sus haberes y los de su gabinete ministerial, un gesto de austeridad que los sectores movilizados consideraron intrascendente frente al pliego de demandas estructurales.
La movilización, que congregó a trabajadores metalúrgicos, choferes y colectivos agrarios, descendió desde las zonas altas circundantes con la intención de tomar los accesos principales a las oficinas del Ejecutivo. El cordón de la policía militarizada bloqueó el paso de la vanguardia obrera utilizando agentes químicos de dispersión, desatando una batalla campal donde los manifestantes respondieron con proyectiles improvisados, artefactos pirotécnicos y detonaciones menores, lo que arrojó un saldo de múltiples detenciones en el perímetro central. A pesar del repliegue vespertino y la paulatina normalización de la circulación peatonal, los canales de negociación permanecen totalmente interrumpidos ante la negativa de las autoridades de entablar conversaciones con las facciones más combativas, a las que acusan de propiciar una ruptura institucional en el país.
El oficialismo de centroderecha cuenta con el respaldo diplomático de varias administraciones de la región y de la Casa Blanca, al tiempo que atribuye la agitación civil a una estrategia de desestabilización coordinada desde la clandestinidad por el exmandatario Evo Morales, quien enfrenta requerimientos de la justicia ordinaria. Desde los refugios opositores, se ha instado públicamente al adelantamiento de los comicios generales como la única vía para zanjar el vacío de legitimidad, mientras los bloqueos de rutas nacionales coordinados por las centrales obreras continúan asfixiando el abastecimiento en medio centenar de puntos estratégicos del territorio nacional.
Un ciudadano argentino de 63 años fue detenido en Brasil tras fotografiar a un niño de siete años en un tren y enviar mensajes con comentarios racistas. Los familiares descubrieron los chats y la policía lo arrestó por discriminación.
La Fiscalía de Miami abrió una nueva investigación penal contra el expresidente venezolano Nicolás Maduro, bajo custodia en Nueva York. Las pesquisas, coordinadas con el FBI, coinciden con el procesamiento de su exministro Alex Saab por corrupción en programas alimentarios estatales.
Diputados oficialistas cruzaron duramente al arzobispo Jorge García Cuerva tras su homilía en el Tedeum, acusándolo de politización partidaria. Pese a los cuestionamientos legislativos por sus vínculos con la oposición, la Casa Rosada buscó relativizar la tensión con la Iglesia.
Un segundo evacuado del crucero Hondius dio positivo en hantavirus durante la cuarentena en el hospital madrileño Gómez Ulla. El paciente está asintomático, aislado bajo alta bioseguridad, y el hallazgo no altera el riesgo para la población general.
La OMS calificó de crítica la epidemia de ébola por la cepa Bundibugyo en la República Democrática del Congo, al no existir vacuna. Con más de 900 casos sospechosos, la agencia urgió a diez países vecinos a blindar sus fronteras de inmediato.
El presidente estadounidense, Donald Trump, exigió que Irán entregue o destruya sus reservas de uranio enriquecido bajo supervisión internacional. Mientras la Casa Blanca busca sellar un acuerdo de paz, persisten discrepancias con Teherán sobre las condiciones del desarme atómico.
Protestas en Bolivia por la crisis económica derivaron en choques en La Paz contra el gobierno de Rodrigo Paz. El presidente redujo su sueldo un 50%, pero las centrales obreras mantienen bloqueos exigiendo mejoras salariales y combustibles de calidad.
El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, comenzó radioterapia preventiva en San Pablo tras la extirpación de un carcinoma basocelular. A sus 80 años, el mandatario continuará sus actividades oficiales sin restricciones mientras busca la reelección en octubre.
