Córdoba: el Ejecutivo desvinculó a la totalidad del personal del centro turístico de Embalse por privatizaciones

El Gobierno nacional despidió a los cuarenta empleados del complejo turístico de Embalse tras decretar su privatización a través de la AABE. La medida, que busca reducir el gasto público, replica un proceso similar en las instalaciones de Chapadmalal.

Complejo hotelero en Embalse, Córdoba

La política de reducción del aparato administrativo central sumó un nuevo capítulo en territorio cordobés con la cesantía de las cuarenta personas que desempeñaban tareas operativas y de mantenimiento en las instalaciones gubernamentales de Embalse. Esta resolución laboral se instrumentó a las pocas semanas de que la Casa Rosada formalizara, mediante el Decreto 322/2026, la autorización legal para que la Agencia de Administración de Bienes del Estado inicie los procesos de transferencia al sector privado de una decena de inmuebles federales distribuidos por el territorio nacional. La normativa dictada desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires fundamenta estas desincorporaciones en criterios de optimización fiscal y en la necesidad de suprimir los costos corrientes de mantenimiento edilicio de estructuras que el área de Turismo y Ambiente consideró innecesarias para la gestión pública actual.

La medida provocó reacciones inmediatas en el arco dirigencial del Valle de Calamuchita, donde las autoridades municipales expresaron un enérgico rechazo al enterarse del desplazamiento de las dotaciones permanentes y la rescisión de los vínculos contractuales por boca de los propios afectados. Desde la intendencia local criticaron la falta de sensibilidad de las dependencias ministeriales porteñas respecto al impacto socioeconómico regional, lamentando que se margine un capital de infraestructura de gran valor histórico fundado a mediados del siglo pasado durante la etapa fundacional del turismo social. El predio en cuestión, que abarca una superficie superior a las seiscientas hectáreas junto a la cuenca del Río Tercero, posee una capacidad hotelera e inmobiliaria de envergadura que ahora ingresará a los esquemas de subastas inmobiliarias del Estado.

Este proceso de enajenación de activos no constituye un hecho aislado, sino que avanza en sintonía con un expediente idéntico que afecta a la Unidad Turística de Chapadmalal, ubicada en la Costa Atlántica, donde las representaciones gremiales ya anticipan decenas de despidos inminentes tras un prolongado período de inactividad de las instalaciones bonaerenses. Ambos complejos residenciales pasaron a la órbita de control de la agencia liquidadora luego de que fracasaran los intentos oficiales por reconvertirlos en unidades económicamente autosuficientes mediante el incremento de sus aranceles. Debido a la condición de patrimonio histórico que resguarda a los terrenos expropiados originalmente, la intervención directa de la entidad liquidadora federal representa el único mecanismo técnico disponible para habilitar la explotación y explotación comercial por parte de operadores privados.

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