El Gobierno solicitó retirar el pliego judicial de María Verónica Michelli tras revelarse en La Nación su parentesco con un periodista de investigación. En contrapartida, habilitó los pliegos de dos magistrados vinculados a la cúpula de la AFA.
El Gobierno solicitó retirar el pliego judicial de María Verónica Michelli tras revelarse en La Nación su parentesco con un periodista de investigación. En contrapartida, habilitó los pliegos de dos magistrados vinculados a la cúpula de la AFA.
La administración nacional sacudió el escenario legislativo al remitir una notificación oficial a la Cámara Alta para invalidar la postulación de María Verónica Michelli, quien aspiraba a incorporarse al Tribunal Oral Criminal Federal 3 de La Plata. Según reveló una investigación periodística del diario La Nación, el freno a este nombramiento —que ya contaba con las adhesiones necesarias de más de la mitad de los integrantes de la Comisión de Acuerdos— responde a razones estrictamente políticas ligadas a los lazos de parentesco de la candidata con un cronista abocado a indagar sobre los bienes de la cúpula oficialista. A pesar del consenso técnico alcanzado entre los parlamentarios, el titular de la mencionada célula legislativa, el riojano Juan Carlos Pagotto, alineado directamente con las directivas de la secretaría general de la presidencia, optó por retener el despacho e impedir su tratamiento, generando un clima de profunda disconformidad y fricciones contenidas en los pasillos del Palacio Legislativo.
Esta drástica marcha atrás, avalada formalmente por las rúbricas de la jefatura de Estado y de la cartera de Justicia, introduce un complejo desafío normativo, puesto que la revocación de la candidatura requerirá ahora ser sometida a consideración del pleno del recinto, donde se medirá la voluntad de los bloques aliados que inicialmente habían respaldado la propuesta. La controversia expone las dinámicas de poder internas del bloque mayoritario, evidenciando el margen de autonomía con el que se maneja la conducción de la Comisión de Acuerdos frente a las directrices de otras terminales partidarias del oficialismo, en un contexto donde cada voto resulta estratégico para la consolidación de la agenda judicial del Gobierno.
En una dirección diametralmente opuesta, la Casa Rosada decidió levantar los reparos que pesaban sobre las candidaturas de Juan Galván Greenway y Alejandro Catania, promoviendo de forma activa la recolección de voluntades para viabilizar sus ascensos al tribunal de apelaciones en lo Penal Económico. Ambos funcionarios judiciales arrastraban fuertes impugnaciones por parte del Ejecutivo debido a sus presuntos vínculos de proximidad con los principales referentes de la Asociación del Fútbol Argentino. Sin embargo, tras una serie de tratativas reservadas con despachos oficiales y dependencias de la cartera de Seguridad, las objeciones iniciales se disolvieron, permitiendo que el oficialismo agilice el trámite parlamentario con la meta de sancionar sus pliegos en la sesión subsiguiente.
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