El fiscal federal Guillermo Marijuán solicitó abrir una causa penal para determinar si el Poder Ejecutivo discriminó a María Verónica Michelli al retirar su postulación. Denuncian que la medida obedeció a su parentesco con el periodista Hugo Alconada Mon.
El fiscal federal Guillermo Marijuán solicitó abrir una investigación penal contra el Poder Ejecutivo Nacional. La medida busca esclarecer los motivos detrás de la sorpresiva marcha atrás con la postulación judicial de la doctora María Verónica Michelli.
El eje de la polémica judicial en Comodoro Py:
Michelli estaba nominada para ocupar un cargo en el Tribunal Oral Federal N° 3 de La Plata.
El pliego superó todas las instancias de selección técnicas y contaba con dictamen de comisión.
La denuncia apunta a un presunto caso de discriminación por razones de parentesco familiar.
La presentación fue radicada por José Luis Magioncalda y Juan Martín Fanzio, miembros de la agrupación civil Reset Republicano. Los denunciantes sostienen que la Casa Rosada ordenó retirar exclusivamente el pliego de Michelli de forma arbitraria, sin guardar relación alguna con los antecedentes o la capacidad profesional de la letrada.
En su dictamen, el fiscal Marijuán consideró indispensable recolectar documentación oficial sobre el trámite legislativo en la Cámara Alta. Por tal motivo, requirió que el Senado envíe las copias del expediente para verificar si existió una nota formal emitida por el Poder Ejecutivo.
La sospecha principal es que la exclusión obedeció al lazo familiar de la abogada con el periodista Hugo Alconada Mon. El cronista del diario La Nación ha publicado diversas investigaciones de fuerte impacto sobre el patrimonio oficial. Por ello, Marijuán solicitó citar al periodista como testigo para declarar si recibió advertencias vinculadas con la postulación.
Por razones de sorteo, la causa penal quedó radicada en el Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 6. La dependencia se encuentra actualmente subrogada por el magistrado Daniel Rafecas, quien deberá resolver si hace lugar a las medidas propuestas por la fiscalía.
El apartamiento de la candidata a magistrada federal detonó un sorpresivo frente de conflicto interno dentro del gabinete nacional. La senadora Patricia Bullrich adoptó una postura opuesta a la línea oficial dispuesta por la Jefatura de Gabinete.
La referente del oficialismo anunció que utilizará su derecho constitucional a la objeción de conciencia parlamentaria. Bullrich confirmó que se comunicó de forma directa con el presidente de la Nación para anticipar que no convalidará el retiro del pliego.
“Hablé con el presidente y le comuniqué que voy a ejercer mi derecho”, expresó la legisladora a través de su cuenta oficial de la red social X. La fractura legislativa expone las severas tensiones políticas que rodean a los nombramientos de jueces federales estratégicos.
La decisión del Poder Ejecutivo Nacional también generó un enérgico rechazo de la comunidad jurídica organizada. El Colegio Público de la Abogacía manifestó su honda preocupación por la vulneración de los procesos regulares de selección de magistrados.
El titular saliente de la entidad, Ricardo Gil Lavedra, advirtió que la devolución de pliegos con dictamen favorable es una práctica de carácter restrictivo. El jurista remarcó que el pleno del Senado debe evaluar los motivos para evitar abusos de poder o arbitrariedades.
En igual sentido se expresó el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, remarcando que la postulante cumplió con la idoneidad requerida en cada examen. El expediente penal evalúa las sanciones previstas en el marco de la Ley 23.592 de Actos Discriminatorios del empleo público.
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