Ante la propuesta gubernamental de modificar el código laboral, una segunda huelga general en seis meses interrumpió los servicios esenciales en Portugal. El oficialismo minimiza el impacto mientras los gremios reportan paralizaciones totales en industrias clave.
Una segunda huelga general en Portugal en seis meses interrumpió el miércoles las actividades habituales en el país. El paro, convocado por la Confederación General de Trabajadores de Portugal (CGTP), protestó contra el proyecto de reforma laboral propuesto por el Gobierno minoritario de centroderecha del primer ministro Luís Montenegro, el cual planea modificar más de 100 artículos del código laboral.
La jornada estuvo marcada por una profunda disparidad en las evaluaciones: mientras la organización sindical calificó la movilización como masiva, el Ejecutivo catalogó el impacto en el sector privado como residual.
La reforma en disputa busca impulsar la productividad y estimular el crecimiento económico a través de medidas que facilitan los despidos con justa causa, eliminan límites a la subcontratación y permiten sustituir la reincorporación de trabajadores despedidos de forma ilegal por compensaciones económicas.
Para el secretario general de la CGTP, Tiago Oliveira, estas modificaciones representan una precarización del empleo juvenil y restringen derechos fundamentales, como el derecho a la huelga y la protección de los padres.
Por el contrario, la administración central defendió la necesidad de flexibilizar las normas tras el quiebre de las negociaciones con las representaciones gremiales.
Los servicios públicos registraron las mayores alteraciones durante la jornada. La compañía ferroviaria estatal CP (Comboios de Portugal) canceló la mayoría de las rutas regionales y de larga distancia, mientras que el Metro de Lisboa cerró sus accesos por completo.
En el sector de la aviación, la aerolínea de bandera TAP Air Portugal operó únicamente 79 de sus más de 300 vuelos diarios habituales, e Iberia reportó cancelaciones de entre el 50% y el 75%. La Asociación Nacional de Agencias de Viajes (ANAV) reportó un incremento sustancial en la demanda de asistencia para reprogramar itinerarios y alertó sobre los efectos negativos en la confianza de los viajeros.
El sector educativo sufrió repercusiones directas que impidieron el normal desarrollo de las evaluaciones oficiales. La ministra de Trabajo, Maria do Rosário Palma Ramalho, informó que entre el 38% y el 45% de los centros educativos del país permanecieron cerrados debido a una adhesión del 41% entre el personal no docente y del 24% entre los profesores, lo que impidió que el 40% de los alumnos realizara el examen nacional de portugués.
En el ámbito sanitario, la sanidad pública pospuso cirugías y citas programadas debido al paro de enfermeras, aunque el sector hospitalario privado funcionó con normalidad.
La actividad comercial e industrial generó lecturas opuestas entre los involucrados. El sindicato reportó un acatamiento total en fábricas de sectores como la construcción, la cerámica y el vidrio, destacando paralizaciones en firmas como Bimbo, Cerealto y Bosch, esta última con un 95% de ausentismo.
En contraste, la ministra de Trabajo aseguró que las principales zonas de producción textil, metalúrgica y de calzado operaron de forma regular, fundamentando sus declaraciones en reportes de la Confederación de la Industria Portuguesa (CIP).
La normalidad aparente en las calles durante las horas centrales del día fue atribuida por los usuarios de transporte a factores alternativos. Algunos ciudadanos señalaron que la experiencia previa de la huelga general del 11 de diciembre de 2025 motivó un mayor uso del teletrabajo y la planificación de vacaciones.
Adicionalmente, operadores del sector de transporte privado, como el taxista Vitor Mendes, explicaron que la coincidencia temporal con el periodo de liquidación de obligaciones fiscales corporativas obligó a las micro y pequeñas empresas a mantener sus puertas abiertas para cubrir costes fijos.
El desenlace de la reforma laboral depende ahora del trámite legislativo en la Asamblea de la República. El oficialismo cuenta con la previsión de aprobar el proyecto de ley mediante el respaldo del partido de derecha Chega.
La CGTP, por su parte, ratificó la continuidad de las movilizaciones y programó una nueva jornada de protesta para el día 18 de este mes, dejando abierta la posibilidad de definir nuevas medidas de fuerza según las decisiones que adopten los trabajadores organizados.
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