Tras una jornada de extrema fricción política y acusaciones de traición, el bloque libertario cedió ante la presión opositora en el recinto y convalidó la postulación de la jueza federal, cuya designación el presidente Javier Milei pretendía vetar.
Tras una jornada de extrema fricción política y acusaciones de traición, el bloque libertario cedió ante la presión opositora en el recinto y convalidó la postulación de la jueza federal, cuya designación el presidente Javier Milei pretendía vetar.
El Senado de la Nación aprobó este jueves un paquete de 74 nombramientos de jueces, fiscales y defensores oficiales que incluyó la designación de María Verónica Michelli como jueza del Tribunal Oral Federal N.º 3 de La Plata. El tratamiento sobre tablas de la postulación se logró mediante un acuerdo político transversal entre el peronismo, la Unión Cívica Radical, el PRO y bloques provinciales.
La decisión parlamentaria se impuso con 44 votos a favor, 18 en contra y dos abstenciones, una de las cuales correspondió a la presidenta del bloque libertario, Patricia Bullrich, quien desobedeció la instrucción de la Casa Rosada de retirar el pliego de la candidata.
Inicialmente, la actividad en el recinto comenzó bajo la presidencia provisional del senador libertario Bartolomé Abdala, ante la ausencia inicial por razones de salud de la vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel.
La controversia se desató cuando la conducción del bloque de La Libertad Avanza alteró el orden del día consensuado en la reunión de Labor Parlamentaria del miércoles, que estipulaba el tratamiento de 50 expedientes judiciales.
El oficialismo intentó incorporar la totalidad de los despachos disponibles para alcanzar las 73 carpetas, motivado por la presión del Poder Ejecutivo de incluir la postulación de Emilio Rosatti, hijo del presidente de la Corte Suprema de Justicia.
Esta alteración provocó el rechazo de las bancadas de la oposición. Los senadores del interbloque de Unión por la Patria, Juliana Di Tullio y José Mayans, calificaron la maniobra como una deslealtad parlamentaria y amenazaron con hacer caer la sesión.
Ante el incremento de la tensión, Villarruel se incorporó al debate y ratificó que el acuerdo original contemplaba únicamente 50 pliegos, desmarcando a la presidencia de la Cámara de la estrategia del bloque oficialista. La situación forzó a la jefa de la bancada oficialista a solicitar un cuarto intermedio de casi una hora para renegociar el temario con los representantes de las demás fuerzas políticas.
Durante las negociaciones en el Salón Azul, el peronismo y los bloques dialoguistas condicionaron el apoyo a la ampliación de la lista judicial a cambio de incluir el pliego de Michelli, cuya postulación el Gobierno nacional intentaba vetar por su parentesco con el periodista Hugo Alconada Mon.
Sin el acompañamiento explícito de los miembros de su propia bancada en la reunión privada, la senadora oficialista aceptó los términos para salvar la jornada legislativa. A cambio, la oposición aceptó postergar el proyecto de ley de inviolabilidad de la propiedad privada, que regresó a comisión, y prestó los dos tercios de los votos para habilitar el debate.
La reactivación de la sesión derivó en cinco votaciones consecutivas. Un conjunto de 71 magistrados obtuvo el aval por unanimidad con 64 votos. En tanto, las nominaciones de Emilio Rosatti y María Julia Sosa fueron rechazadas por el kirchnerismo, pero resultaron aprobadas por mayoría con 44 y 42 votos a favor respectivamente.
Al momento de tratarse el expediente de Michelli, la titular del bloque libertario solicitó la palabra para declarar una objeción de conciencia individual, argumentando que no correspondía aplicar criterios disciplinarios por vínculos familiares, y formalizó su abstención junto a la senadora radical Silvana Schneider.
Los 18 votos en contra provinieron del resto de los legisladores de La Libertad Avanza y de los representantes santacruceños Natalia Gadano y José María Carambia, mientras que el oficialista formoseño Francisco Paoltroni votó de manera afirmativa.
La nueva magistrada cuenta con una trayectoria de 32 años en el Poder Judicial, tras ingresar a la Secretaría Electoral de La Plata en 1994. Desde 2009 se desempeña como secretaria de Cámara del Tribunal Oral Federal N.º 1 de esa localidad.
En el plano académico, es egresada de la Universidad Nacional de La Plata, posee una Maestría Internacional en Derecho Penal por la Universidad de Sevilla y ejerció funciones docentes en la Universidad Católica de La Plata. Su postulación había ingresado al Congreso el 30 de marzo de 2026 y contaba con un dictamen favorable de nueve firmas en la Comisión de Acuerdos.
Por otra parte, la Cámara alta aprobó y giró a la Cámara de Diputados el acuerdo de pago por 171 millones de dólares a los fondos Bainbridge Fund y Attestor, los últimos acreedores que reclamaban títulos en default desde la crisis de 2001.
Asimismo, obtuvieron media sanción los proyectos para la creación de una nueva sala en la Cámara Federal de Mar del Plata y la reestructuración de la Cámara Federal de San Miguel de Tucumán.
El desenlace de la jornada parlamentaria evidenció las dificultades del oficialismo para coordinar su propia estructura interna y asegurar la disciplina partidaria en el Congreso.
La resolución del caso traslada ahora la definición técnica al Poder Ejecutivo, que mediante las atribuciones conferidas por la Constitución Nacional debe resolver si convalida el nombramiento con la firma del decreto reglamentario.
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