Tensión política en Gran Bretaña tras el asesinato de Henry Nowak. El primer ministro Keir Starmer criticó al dueño de X por difundir un video policial, acusándolo de avivar la división social frente al pedido de calma de la familia.
Tensión política en Gran Bretaña tras el asesinato de Henry Nowak. El primer ministro Keir Starmer criticó al dueño de X por difundir un video policial, acusándolo de avivar la división social frente al pedido de calma de la familia.
El primer ministro británico, Keir Starmer, arremetió contra el empresario estadounidense Elon Musk, a quien acusó de intervenir de forma reiterada en los asuntos internos del Reino Unido. El detonante de este nuevo choque fue la actividad del magnate en la red social X, donde difundió imágenes sobre el homicidio de Henry Nowak, un estudiante de 18 años apuñalado en Southampton en diciembre del año pasado.
Los hechos se reactivaron tras conocerse la sentencia a prisión permanente revisable para el agresor, Vickrum Digwa, de 23 años. La difusión de las grabaciones de las cámaras corporales de la policía generó indignación pública al mostrar que los agentes esposaron a la víctima mortal y desoyeron sus quejas de asfixia, debido a que el atacante argumentó falsamente haber sido objeto de insultos racistas.
Musk equiparó el tratamiento judicial y mediático del caso con las protestas globales por la muerte de George Floyd en 2020, denunciando un supuesto doble rasero institucional.
Ante sus 240 millones de seguidores, el dueño de Tesla afirmó que los medios de comunicación tradicionales mantenían un silencio absoluto sobre el suceso, una afirmación contradicha por la cobertura que la prensa británica otorgó al juicio.
Paralelamente, la oposición y el oficialismo ensayaron una respuesta unificada. La líder del Partido Conservador, Kemi Badenoch, y el propio Starmer mantuvieron reuniones el jueves con los padres de Nowak.
Los familiares reclamaron de forma expresa a la clase política que la tragedia no fuera utilizada como una herramienta para profundizar fracturas sociales o justificar disturbios violentos en Southampton, que dejaron once policías heridos.
Por otra parte, la discusión pública se trasladó al plano legislativo. Autoridades del Ministerio del Interior sugirieron la necesidad de revisar las excepciones contempladas en las leyes de Justicia Criminal de 1998 y de Armas Ofensivas de 2019, las cuales autorizan a los varones de la religión sij a portar el kirpan (la daga ritual utilizada en el crimen). Asimismo, el Ejecutivo ordenó auditar el Plan de Actuación Policial ante el Racismo, diseñado en 2024.
Las fricciones entre Downing Street y las plataformas tecnológicas exponen la complejidad de gestionar el orden público en la era de los algoritmos globales.
Mientras los organismos de control locales investigan el desempeño de la policía, queda en el aire el interrogante de hasta qué punto los Estados soberanos pueden contener las narrativas de figuras externas que operan fuera de sus jurisdicciones legales.
El fiscal Ramiro González imputó a la cúpula actual y anterior del ORSNA por presunto enriquecimiento ilícito y cobro de coimas del 10% en obras aeroportuarias. La investigación judicial comenzó tras una denuncia presentada por la diputada Marcela Pagano.
El exsenador Esteban Bullrich calificó de “corrupto” al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, tras admitir que ocultó medio millón de dólares en criptomonedas. Bullrich usó las redes para distanciarse del oficialismo y criticar la justificación patrimonial del funcionario.
Jacquelin expone el escándalo de Adorni, quien admitió omitir bienes en su declaración jurada, contradiciendo su discurso moral. Mientras los hermanos Milei lo blindan ante la inminente interpelación opositora, Bullrich criticó públicamente lo que consideró una “omisión ética”.
Domingo Cavallo elogió la flexibilización burocrática del mercado de capitales presentada por Federico Sturzenegger, pero le reclamó eliminar por completo el cepo cambiario. El exministro advirtió que liberar los capitales es indispensable para consolidar el sistema bimonetario y evitar devaluaciones.
La Legislatura de Santa Cruz aprobó restituir a Eduardo Sosa como jefe de fiscales, revirtiendo su destitución de 1995 bajo el gobierno de Néstor Kirchner. El gobernador Claudio Vidal celebró la medida como una reparación histórica ante fallos incumplidos.
La Corte Suprema ratificó la condena a cuatro años de prisión para el empresario Juan Carlos Lascurain por malversar fondos destinados a una ruta en Santa Cruz. La fiscalía solicitó su inmediata detención tras quedar firme el fallo por peculado.
El PRO criticó al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por sus contradicciones ante la causa por presunto enriquecimiento ilícito. El partido exigió transparencia para cuidar el cambio y sus senadores reclamaron que el funcionario rinda cuentas en el Congreso.
El Banco Mundial redujo al 2,2% su previsión de crecimiento para Latinoamérica debido a la debilidad global y la crisis energética en Medio Oriente. El informe advierte sobre presiones inflacionarias, informalidad laboral y una recuperación paulatina hacia las próximas temporadas.
