Carrió argumentó que la estrategia gubernamental sobre IA abre la puerta a un control corporativo sin precedentes

Elisa Carrió criticó la propuesta de Javier Milei para otorgar personería jurídica a la inteligencia artificial, calificándola de “experimento catastrófico”. Advirtió que la desregulación estatal promovida por el Gobierno entrega funciones públicas clave al control de corporaciones tecnológicas extranjeras.

Elisa Carrió. Foto NA

La fundadora de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, manifestó un enérgico rechazo a las posturas expresadas por el primer mandatario, Javier Milei, en una reciente tribuna de opinión difundida en la prensa financiera británica. Mediante un manifiesto público volcado en sus plataformas virtuales, la experimentada dirigente alertó que las reformas jurídicas que impulsa la Casa Rosada amenazan con transformar el tejido social e institucional del país en un laboratorio de consecuencias severas para la autonomía de los ciudadanos. Desde la óptica de la referente opositora, el plan oficial de otorgar personería legal a sistemas autónomos y autómatas responde a una concepción ideológica marginal y antidemocrática que promueve la disolución de las estructuras estatales en favor de monopolios tecnológicos globales.

La controversia se focaliza en las propuestas normativas integradas en el denominado régimen para inversiones de vanguardia, el cual busca captar capitales del sector de la robótica mediante una nula fiscalización pública y la exención de controles tradicionales. Carrió vinculó de forma directa estas intenciones con la esfera de influencia de magnates del Silicon Valley, señalando que la entrega de prerrogativas estatales a firmas internacionales de análisis de datos pone en riesgo los esquemas de convivencia y seguridad ciudadana al traspasar funciones gubernamentales esenciales a consorcios privados. Apoyada en reflexiones de la filosofía política contemporánea, la exlegisladora instó a la comunidad a reaccionar frente a lo que tipificó como una vertiente absolutista corporativa que atenta contra el libre albedrío y la equidad social.

Desde los despachos del Poder Ejecutivo, coordinados junto a la cartera de Desregulación, defienden que la flexibilización de los marcos regulatorios es una condición indispensable para insertar a la nación en la disputa global por el almacenamiento de datos y la innovación digital. El esquema defendido por la presidencia argumenta que las entidades gestionadas por algoritmos complejos requieren esquemas de responsabilidad limitada para operar eficazmente en escenarios de riesgo cambiante. No obstante, este planteo técnico continuará siendo objeto de una profunda disputa en el ámbito parlamentario, donde las fuerzas de la oposición intentarán bloquear la sanción de un ordenamiento que consideran lesivo para las bases morales, jurídicas y constitucionales de la República.

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